Illa defiende el derecho al voto de los nacionalizados por la «ley de nietos» tras la suspensión del Supremo
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha manifestado este jueves su firme defensa del derecho al voto de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la denominada «ley de nietos». La declaración se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender la participación en los procesos electorales de aquellos residentes en el extranjero que no acrediten formalmente ser descendientes de exiliados, una resolución que afecta a un censo estimado de 168.000 personas.
Durante una entrevista concedida a la cadena COPE, el jefe del Ejecutivo catalán ha calificado el derecho al sufragio como «sagrado» y ha sostenido que cualquier ciudadano en posesión del pasaporte español debe poder ejercer este derecho fundamental. Illa ha expresado su preocupación por el hecho de que una resolución judicial impida votar a ciudadanos que ya habían participado en anteriores convocatorias electorales, calificando la situación como un hecho «sin precedentes» que cuestiona la estabilidad de los derechos adquiridos.
En el ámbito de la política orgánica del PSOE, el presidente de la Generalitat se ha pronunciado sobre la reciente renuncia de Montse Mínguez como portavoz de la Ejecutiva Federal. Salvador Illa ha vinculado la dimisión de la dirigente socialista al impacto personal y familiar de las críticas recibidas por las actividades profesionales de su pareja en el sector inmobiliario. Illa ha descartado que exista una contradicción entre la defensa de las políticas de vivienda del Gobierno y el entorno de Mínguez, subrayando que no se ha producido ninguna actuación fuera de la legalidad vigente.
Respecto a la agenda política en Cataluña, Illa ha reiterado la validez de la ley de amnistía como instrumento para normalizar la convivencia, apoyándose en el respaldo que, a su juicio, ha otorgado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Asimismo, ha defendido su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Según el presidente catalán, el traspaso de 21.000 millones de euros del Estado a las comunidades no perjudicará a ningún territorio ni constituye un privilegio de tipo «cupo» para Cataluña.
En materia de educación y lengua, el dirigente socialista ha defendido el modelo de inmersión lingüística frente a las resoluciones que exigen un 25% de clases en castellano. Illa ha asegurado que el sistema cuenta con un «amplísimo consenso social» y garantiza el conocimiento pleno tanto del catalán como del castellano al concluir la escolarización obligatoria.
Finalmente, el presidente de la Generalitat ha abordado el debate sobre la seguridad y la inmigración, rechazando cualquier vinculación directa entre ambos fenómenos. Illa ha calificado este discurso de «demagógico» y ha señalado que el refuerzo de la seguridad en Cataluña debe basarse en el incremento de la presencia policial, mediante la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, y en la dotación de mayores recursos al sistema judicial, que ha visto aumentada su plantilla de jueces en un 10%.
