El Gobierno de Francia anuncia la reforma de Parcoursup y un plan de inversión educativa tras semanas de protestas

El Ejecutivo francés ha confirmado una reestructuración integral del sistema de acceso a la enseñanza superior y un ambicioso plan de inversión en infraestructuras para dar respuesta a las movilizaciones estudiantiles que han afectado al país en las últimas semanas. El ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, detalló este lunes que la plataforma Parcoursup será sometida a una transformación profunda en 2027 antes de su reemplazo definitivo en 2028, como parte de un acuerdo estratégico tras las negociaciones con las asociaciones de alumnos.

Durante la presentación de las medidas, Baptiste argumentó que los plazos establecidos para la modificación de la plataforma responden a la necesidad de realizar ajustes en la normativa vigente. «Existen varios parámetros de Parcoursup que solo pueden modificarse si la ley misma evoluciona», señaló el titular de Educación Superior, subrayando que la reforma técnica está intrínsecamente ligada a los tiempos legislativos franceses para garantizar su seguridad jurídica.

Por su parte, el ministro de Educación, Edouard Geffray, reforzó la validez institucional de estos compromisos tras un encuentro oficial entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y los representantes estudiantiles. Geffray aseguró que las decisiones adoptadas no son «promesas vacías» y que se cumplirán bajo cronogramas específicos y con partidas presupuestarias definidas, buscando paliar el descontento generado por la saturación de las aulas y el deterioro de las infraestructuras educativas.

El plan de choque presentado por el Gobierno contempla la creación de 15.000 nuevas plazas en la educación superior para mitigar la sobrepoblación escolar. Asimismo, se ha proyectado una inversión total de 5.000 millones de euros destinada a la renovación de instalaciones. De esta cifra, 1.000 millones se ejecutarán de forma directa en la rehabilitación de universidades hasta el año 2031, mientras que los 4.000 millones restantes se articularán mediante una línea de préstamos para la mejora de los institutos de enseñanza secundaria.

En el ámbito del bienestar estudiantil, la propuesta gubernamental incluye la posibilidad de indexar las becas a la inflación. Esta medida técnica busca proteger el poder adquisitivo de los alumnos ante el incremento del coste de vida, respondiendo a una de las exigencias centrales de los colectivos que denuncian la precariedad económica durante la etapa de formación académica.

A pesar de que las asociaciones estudiantiles han recibido con agrado la concreción de las cifras y los plazos, los movimientos sociales han recomendado mantener las movilizaciones. Los representantes de los alumnos sostienen que las reformas todavía se encuentran en fase de revisión y advierten de la falta de garantías inmediatas sobre su aplicación efectiva, por lo que supeditarán el fin de las protestas al avance verificable de los trámites legislativos.