El Consejo de la Unión Europea alcanza un acuerdo parcial sobre la reforma de la PAC post-2028
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han ratificado su posición negociadora respecto a la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034. El acuerdo, de carácter parcial al excluir por el momento las cuantías presupuestarias, establece un cambio estructural en el sistema de ayudas con el objetivo de priorizar a los agricultores en activo, fomentar el relevo generacional y otorgar mayor flexibilidad a los Estados miembro en la gestión de los fondos.
La propuesta aprobada por el Consejo permitirá iniciar formalmente las conversaciones con el Parlamento Europeo. El eje central de la reforma reside en la reorganización de los recursos comunitarios planteada por la Comisión Europea, que prevé integrar las partidas de agricultura, cohesión, pesca y migración en planes nacionales y regionales unificados. Esta medida supondría la eliminación de la actual estructura de dos pilares, fusionando las ayudas directas y los fondos de desarrollo rural en un marco de financiación único.
En cuanto al reparto de las subvenciones, los Veintisiete han acordado revisar los pagos vinculados a la superficie para lograr una distribución que han calificado como más justa y eficaz. Para ello, todos los países estarán obligados a establecer una definición técnica de «agricultor en activo», permitiendo que cada Estado adapte este concepto a su realidad nacional. Asimismo, se contempla la aplicación de mecanismos redistributivos que favorezcan a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
Respecto al relevo generacional, el texto establece que los gobiernos nacionales deberán diseñar estrategias específicas que incluyan un incremento en las ayudas básicas, apoyo financiero para la puesta en marcha de nuevas explotaciones y programas de formación y asesoramiento técnico. No obstante, las reglas relativas a la reducción progresiva de las grandes subvenciones y la fijación de techos máximos de cobro por explotación han quedado aplazadas hasta que se definan las cuentas globales del presupuesto europeo.
La protección del medio ambiente y la biodiversidad se mantiene como una condición indispensable para el acceso a la financiación. La reforma conserva requisitos comunes para todos los Estados miembro, aunque se otorgará margen de maniobra a las autoridades nacionales para aplicar los incentivos de prácticas sostenibles según las condiciones locales. El acuerdo también refuerza los instrumentos de gestión de riesgos para afrontar fenómenos meteorológicos extremos y alteraciones de los mercados, contemplando la financiación de seguros agrarios e inversiones destinadas a la adaptación climática.
Finalmente, la posición del Consejo introduce medidas de carácter social y de diversificación económica. Se abre la posibilidad de implementar servicios de sustitución temporal para bajas por enfermedad o permisos de maternidad y paternidad, con el fin de mejorar la conciliación en el sector. Al mismo tiempo, se mantendrá la inversión en proyectos de innovación, digitalización y agroturismo para dinamizar las zonas rurales con mayores dificultades demográficas o económicas.
