Clavijo advierte con acciones legales ante la falta de respuesta del Gobierno central por la crisis migratoria
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este martes su disposición a recurrir a la vía judicial en caso de que persista la falta de interlocución por parte del Ejecutivo central ante el incremento de la presión migratoria en las islas. El mandatario autonómico ha subrayado la urgencia de coordinar una respuesta estatal frente al repunte de llegadas registrado en la denominada Ruta Canaria durante las últimas semanas.
La advertencia del jefe del Ejecutivo canario se produce tras el envío de una misiva dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se solicitan seis medidas de carácter urgente. Según Clavijo, hasta el momento no se ha recibido respuesta formal a dicha solicitud, cuyo objetivo es dotar a la comunidad autónoma de los recursos necesarios para gestionar la reactivación de la ruta atlántica y evitar una situación de saturación extraordinaria.
Clavijo ha calificado la situación actual en la isla de El Hierro como «muy compleja», anunciando un desplazamiento inmediato a la zona para supervisar los operativos. Según el presidente regional, los servicios esenciales en la isla se encuentran bajo una fuerte presión, afectando especialmente al ámbito sanitario, donde el hospital insular presenta niveles de ocupación críticos y los trabajadores se declaran desbordados por la carga asistencial.
Asimismo, el representante de Coalición Canaria ha denunciado que las condiciones de atención en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) presentan deficiencias estructurales. Clavijo también ha señalado el impacto socioeconómico que el fenómeno migratorio está generando en núcleos específicos, como La Restinga, donde las actividades económicas locales se han visto condicionadas por la intensidad de la operativa de salvamento y acogida.
Desde la Presidencia del Gobierno de Canarias se insiste en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad logística y financiera en la gestión de las fronteras exteriores. La posibilidad de iniciar un proceso judicial queda supeditada a la evolución de los contactos entre ambas administraciones en las próximas horas, con el fin de garantizar que el archipiélago cuente con el respaldo institucional suficiente para afrontar el desafío humanitario y sanitario actual.


