El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta estima que entre 15.000 y 18.000 personas de las que ingresaron de forma masiva los días 30 y 31 de julio permanecen todavía en territorio ceutí. Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán, durante su comparecencia como testigo ante la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien investiga estos hechos como un presunto ataque contra la paz y la independencia del Estado.
En su declaración judicial, el consejero detalló que, del total de personas que continúan en la ciudad, aproximadamente 3.000 son menores de edad extranjeros. Gaitán señaló la dificultad técnica y administrativa para proceder al retorno de estos jóvenes con sus familias en sus países de origen, lo que ha consolidado una presión migratoria que multiplica por ocho o nueve los registros obtenidos en crisis anteriores, como la ocurrida en el año 2021.
Para acreditar la dimensión del asalto migratorio, el Ejecutivo autonómico aportó diversos indicadores de consumo y servicios públicos. Según el testimonio de Gaitán, durante los dos últimos días de julio el consumo de agua en el término municipal se incrementó en un 20%, un parámetro que la administración local utiliza habitualmente para monitorizar la población no censada. Asimismo, se registró un colapso en el servicio de emergencias 112, que pasó de gestionar una media de 2.000 llamadas a 12.000 en apenas 48 horas, atendiendo denuncias por agresiones, allanamientos y situaciones de inseguridad ciudadana.
Uno de los puntos más críticos expuestos ante la Audiencia Nacional fue el desbordamiento de los servicios forenses. La morgue municipal, con capacidad para siete cadáveres, recibió un total de 91 cuerpos vinculados a la entrada masiva en solo dos días. Esta situación obligó a la Ciudad Autónoma a sufragar e instalar de urgencia una cámara frigorífica provisional con capacidad para 200 cadáveres, contando con el apoyo técnico de efectivos del Ejército de Tierra antes de que el Ministerio de Justicia enviara refuerzos forenses para las autopsias e identificaciones.
En el ámbito logístico y medioambiental, el Gobierno de Ceuta ha cifrado de manera preliminar los daños en más de siete millones de euros. El consejero explicó que la proliferación de asentamientos improvisados en zonas costeras y montes ha generado un grave impacto ecológico. Para intentar recuperar la normalidad urbana, la administración local llegó a movilizar de forma simultánea a más de 700 operarios de limpieza para labores de desinfección y recogida de residuos en puntos críticos como la barriada de El Príncipe.
Tras la comparecencia de los responsables de Presidencia, Sanidad y Medio Ambiente, la instrucción de la magistrada Tardón proseguirá esta semana con las declaraciones de agentes de la Policía Nacional destinados en la frontera y de varios ciudadanos que accedieron a la ciudad durante las jornadas bajo investigación. La jueza ha solicitado formalmente el análisis de las grabaciones de las llamadas al 112 para profundizar en el alcance de los incidentes denunciados por la población.
