El Consulado en Buenos Aires no halla pruebas de exilio en los expedientes de la ‘ley de nietos’ ante las elecciones del 29-N

El Consulado General de España en Buenos Aires ha finalizado la revisión de casi 18.000 expedientes tramitados bajo la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», sin encontrar ningún caso que acredite prueba de exilio político. Este resultado implica que, de mantenerse las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, estos nuevos ciudadanos españoles no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Los datos obtenidos en la capital argentina se alinean con la tendencia nacional reportada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según los últimos autos, de los 31.390 expedientes revisados por el Gobierno hasta el pasado 21 de octubre en toda la red consular, solo 91 cuentan con el certificado que acredita los requisitos exigidos por el alto tribunal para participar en los comicios. Esta cifra representa apenas el 0,29% de los casos examinados hasta la fecha.

La situación responde a la instrucción técnica del Ministerio de Justicia que permitió la concesión de la nacionalidad sin exigir inicialmente pruebas documentales de exilio, bastando con demostrar que el antepasado salió de España entre 1936 y 1955. Ante la cercanía del 29-N, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha urgido a los cónsules a completar los listados nominales de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto, bajo apercibimiento de multas coercitivas de mil euros o posibles responsabilidades penales por obstrucción a la justicia.

El ministro José Manuel Albares ordenó mediante un telegrama urgente el refuerzo de los recursos consulares, incluyendo jornadas laborales durante el pasado fin de semana, para cumplir con el plazo de entrega de la relación de afectados que vence este miércoles. La tarea de fiscalización ha presentado dificultades técnicas significativas, ya que gran parte de la documentación previa a 2025 no se encuentra digitalizada, obligando al personal diplomático a realizar cotejos manuales de tomos físicos que requieren un promedio de 20 minutos por expediente.

A pesar de que el informe de la Dirección General de Asuntos Consulares advirtió en septiembre sobre la «imposibilidad material» de distinguir estos perfiles en el censo en un plazo reducido, el Tribunal Supremo ha mantenido su postura. Los magistrados sostienen que debe prevalecer la veracidad del censo electoral y la inexistencia de irregularidades sobre el interés particular de los ciudadanos nacionalizados bajo esta modalidad administrativa.

En el ámbito institucional, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confirmó tras el último Consejo de Ministros que el Ejecutivo cumplirá con el plazo otorgado por el Supremo. Mientras tanto, el volumen de solicitudes en Buenos Aires sigue siendo el más alto del mundo, con 645.052 peticiones registradas, de las cuales solo se han resuelto algo más de 33.000 hasta el verano, un ritmo que condicionará la incorporación de nuevos electores al Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) en los próximos años.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha desestimado recientemente un recurso del Defensor del Pueblo contra esta suspensión, calificando la impugnación de «prematura» al no haberse pronunciado todavía el Tribunal Supremo sobre el fondo de la cuestión jurídica. Esta resolución deja el censo para el 29-N a expensas de las validaciones manuales que el Gobierno logre certificar antes del cierre definitivo de las listas electorales.