Denuncias de obstáculos administrativos en municipios de Madrid ante la campaña electoral del 29-N

El Partido Popular ha denunciado la existencia de dificultades administrativas y denegaciones de permisos para la instalación de mesas informativas en diversos municipios de la Comunidad de Madrid gobernados o sostenidos por el PSOE. Estas quejas, centradas principalmente en las localidades de Getafe y Collado Mediano, se producen en el marco de los preparativos para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En el municipio de Getafe, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo reportó que el Ayuntamiento denegó inicialmente la autorización para sus carpas informativas. La administración local alegó en un primer momento que estas no podían instalarse hasta el inicio oficial de la campaña electoral y que su colocación previa podría ser objeto de denuncia ante la Junta Electoral. Ante esta postura, el grupo municipal popular presentó un escrito de rectificación advirtiendo con elevar el caso a las autoridades electorales competentes. Tras el requerimiento, el consistorio remitió finalmente las autorizaciones solicitadas.

Por su parte, en Collado Mediano, la situación administrativa permanece en conflicto. La Alcaldía denegó la instalación de una mesa informativa en la entrada del Parque Collado alegando falta de espacio público y proximidad a la calzada. Asimismo, el Ayuntamiento remitió al Partido Popular a la Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El Escorial para otras solicitudes en la vía pública. El PP local ha reclamado informes técnicos que acrediten los impedimentos alegados y ha solicitado una solución en un plazo de veinticuatro horas antes de emprender acciones legales.

Desde la formación popular defienden que estas mesas informativas constituyen una herramienta habitual de contacto directo con la ciudadanía, permitiendo a los partidos explicar sus propuestas y recoger preocupaciones vecinales antes de los comicios. El partido ya había advertido tras la convocatoria de las elecciones que mantendría una vigilancia estrecha sobre cualquier limitación a su actividad política en los espacios municipales.

Este escenario de fricción institucional coincide con un endurecimiento del discurso del Partido Popular en materia de seguridad y libertades públicas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, en caso de gobernar, promoverá un endurecimiento de las penas por actos violentos vinculados a convocatorias electorales. En esta misma línea, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a proteger el ejercicio de la actividad política frente a lo que considera actitudes intolerantes que dificultan el debate democrático.

La campaña electoral, que desembocará en las urnas el próximo 29 de noviembre, se desarrolla bajo un clima de intensa polarización entre los principales bloques políticos, mientras las juntas electorales de zona comienzan a recibir las primeras reclamaciones relativas al uso del espacio público y la organización de actos de precampaña.