El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe de fiscalización sobre la Fundación del Sector Público Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) correspondiente a los ejercicios 2022-2024, en el que advierte sobre deficiencias significativas en la contratación pública y la gestión de recursos humanos. El documento, elaborado a instancias de la Comisión Mixta Congreso-Senado, analiza la actividad económico-financiera, el cumplimiento de la planificación estratégica y los convenios suscritos por la institución científica.
En el ámbito de la contratación, el organismo fiscalizador ha identificado un uso indebido de los contratos menores para cubrir necesidades recurrentes y previsibles que deberían haberse gestionado mediante procedimientos abiertos. Tras analizar una muestra que representa el 63,13 por ciento de los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada, el informe señala la existencia de memorias justificativas genéricas y una ausencia de seguimiento efectivo de los contratos. Asimismo, se han detectado indicios de posibles pagos por servicios no prestados e irregularidades en la ejecución de las prestaciones.
La auditoría también subraya carencias en la gestión de personal, derivadas de la inexistencia de una política retributiva que sirva de marco de referencia para la toma de decisiones. El análisis de una muestra de 50 empleados puso de manifiesto que varias convocatorias de selección omitían la retribución del puesto. Además, el Tribunal de Cuentas observó arbitrariedad en la determinación de complementos salariales vinculados a proyectos para el personal directivo y detectó 38 casos de contratos sucesivos sin la debida acreditación de la extinción del vínculo laboral precedente.
Respecto a la planificación institucional, el informe califica como una «carencia relevante» la ausencia de un plan estratégico posterior a 2023, lo que impide conocer la alineación de los objetivos a largo plazo con los fines estatutarios del centro. En cuanto a la iniciativa «CNIO ARTE», basada en convenios con entidades privadas, se han constatado incumplimientos en las obligaciones asumidas, tales como la no inversión de la totalidad de las cantidades recibidas o la aplicación de fondos a fines distintos de los pactados, si bien no constan reclamaciones por parte de las entidades colaboradoras.
No obstante las deficiencias señaladas, el Tribunal de Cuentas ha valorado positivamente las medidas correctivas comunicadas por la dirección del CNIO durante el trámite de alegaciones. La fundación ha informado sobre el inicio de actuaciones para dotarse de un nuevo marco regulador de las condiciones laborales y un plan estratégico actualizado. El organismo fiscalizador considera que estas iniciativas se orientan al cumplimiento de los principios de buena gestión y contribuirán al fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la entidad.
