Vox atribuye al Gobierno la responsabilidad del accidente de Urda y exige depurar responsabilidades penales
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha responsabilizado este sábado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de la catástrofe ferroviaria ocurrida en Urda. Durante una comparecencia ante los medios en Las Palmas de Gran Canaria, el dirigente de la formación subrayó que el luto oficial decretado tras el siniestro —que suma ya 69 víctimas mortales— no debe traducirse en un «silencio» que exima de explicaciones a los gestores públicos.
Garriga denunció que el Ejecutivo no atendió las advertencias previas de los maquinistas sobre el progresivo deterioro de las infraestructuras ferroviarias en España. Según el representante de Vox, mientras los usuarios de la red nacional enfrentaban retrasos y cancelaciones, el Gobierno priorizaba la inversión de recursos económicos en proyectos fuera del territorio nacional. En este contexto, aseguró que su partido actuará para que se determinen «hasta la última responsabilidad política y penal» derivadas del choque de los dos trenes en la línea Madrid-Andalucía.
El dirigente calificó de deficiente la gestión de la cartera de Transportes y utilizó términos críticos hacia el ministro Puente, a quien acusó de buscar el cese de las críticas bajo el amparo del periodo de duelo. «El luto no significa silencio o ponerse de lado», afirmó Garriga, quien sostuvo además que, de no ser por la presión de la oposición, el Gobierno intentaría prolongar la falta de debate público sobre el accidente hasta la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.
Vínculo con la política migratoria y seguridad
Aprovechando su estancia en Canarias, el secretario general de Vox conectó la situación de las infraestructuras con sus ejes de campaña en materia migratoria. Garriga reiteró que, de obtener un respaldo suficiente en los próximos comicios, la formación procederá a la devolución de todas las personas que se encuentren en situación irregular a sus países de origen. Asimismo, manifestó su rechazo frontal a cualquier proceso de regularización masiva de extranjeros.
Finalmente, el representante de Vox defendió que aquellos extranjeros que cometan delitos en territorio español cumplan sus condenas en sus naciones de procedencia. Concluyó su intervención reclamando un refuerzo del control fronterizo y el fin de las políticas que, según su análisis, fomentan el «efecto llamada», vinculando la estabilidad del país a una gestión más estricta de las fronteras y una inversión prioritaria en las necesidades internas de los ciudadanos españoles.
