Vox reclama responsabilidades políticas tres meses después de la entrada migratoria en Ceuta
La formación Vox ha calificado como el «mayor fracaso político e institucional» de la historia reciente de España la entrada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta a finales del pasado mes de julio. Al cumplirse tres meses de aquellos acontecimientos, el presidente de la formación en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo, ha emitido un comunicado en el que exige la asunción de responsabilidades y la puesta en marcha de medidas estructurales para garantizar la seguridad fronteriza.
Redondo ha tildado este periodo de «noventa días de abandono, improvisación e incompetencia», señalando que la situación vivida por la ciudadanía ceutí pudo haberse evitado. Según el dirigente, el episodio del 30 de julio no debe interpretarse de forma aislada, sino como el resultado de «décadas de dejación de funciones» y de lo que define como una política de «apaciguamiento» en las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos.
Desde la óptica de Vox, la crisis migratoria evidencia la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa. El comunicado destaca que, a pesar del precedente de mayo de 2021, no se han ejecutado las inversiones necesarias en infraestructuras críticas. En concreto, denuncian la ausencia de espigones adecuados y de una estrategia de prevención que responda a las amenazas actuales en el perímetro fronterizo.
En cuanto a la autoría política de la gestión, la formación señala directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el «principal responsable». No obstante, Redondo también ha hecho extensiva la crítica al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a quien acusa de eludir su responsabilidad política mediante campañas de comunicación y actos institucionales.
Para abordar la situación, Vox propone una serie de medidas de carácter urgente. Entre ellas, destaca la necesidad de recuperar el control efectivo del territorio, reforzar de manera permanente la presencia tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Fuerzas Armadas, y proceder a la ejecución de las expulsiones que se ajusten al marco legal vigente.
Finalmente, el comunicado advierte sobre el «enorme desgaste» que esta crisis prolongada está suponiendo para el tejido económico de la ciudad y para los profesionales encargados de la seguridad. La formación lamenta que, tres meses después de los hechos, no se hayan producido dimisiones ni cambios en la gestión de las administraciones implicadas.
