La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha procedido a acusar recibo de la denuncia presentada por el empresario Vicente Merino, en la que se señala una presunta inacción por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, vincula esta supuesta pasividad con la investigación de un presunto fraude de 500 millones de euros procedentes de fondos europeos, relacionado con proyectos del Ministerio para la Transición Ecológica.
La denuncia, registrada inicialmente ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora y posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que la unidad policial habría desatendido las órdenes judiciales de incautación de documentación clave. Según el denunciante, estos hechos ocurrieron durante la etapa en la que Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, se encontraba al frente de la cartera ministerial afectada por las pesquisas.
El origen del litigio se remonta a un proyecto para la construcción de una biorrefinería en las localidades de Barcial del Barco (Zamora) y La Robla (León). Merino, impulsor original de la iniciativa, denunció la pérdida de la propiedad industrial del proyecto y la posterior adjudicación de fondos europeos a la compañía Acciona. En su escrito, el empresario alega que la UCO no ejecutó un auto judicial del 4 de octubre de 2024 que ordenaba la incautación de expedientes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Subdirección del Plan de Recuperación.
La reactivación de estas acciones legales por parte de Merino se produce tras la detención en diciembre de 2025 de Leire Díez, cuya investigación ha destapado una presunta trama de tráfico de influencias. El denunciante plantea la hipótesis de que existieron presiones políticas para frenar las investigaciones que afectaban a la gestión gubernamental, sugiriendo que la unidad investigadora pudo haber mantenido una postura de «perfil bajo» ante los requerimientos judiciales que involucraban a instituciones del Estado.
Entre las irregularidades señaladas en la denuncia ante el juez Santiago Pedraz, se destaca que la UCO habría sugerido a la instructora del caso solicitar la información por correo electrónico a una funcionaria en Bruselas, en lugar de proceder a la incautación ordenada. Asimismo, el empresario afirma que la documentación finalmente remitida al juzgado presentaba metadatos correspondientes a enero de 2025, a pesar de que el expediente solicitado databa originalmente del año 2021, lo que a su juicio invalidaría la integridad de la prueba.
Con la formalización del acuse de recibo por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público inicia el análisis de los hechos expuestos para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen la apertura de diligencias de investigación o la incorporación de estos datos a causas ya existentes sobre la gestión de los fondos de recuperación y la actuación de los cuerpos de seguridad en casos de presunta corrupción política.
