El Tribunal Supremo concluye el sumario contra Carles Puigdemont y abre la vía para su amnistía definitiva

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado este lunes un auto por el que declara concluido el sumario abierto en 2017 contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. Esta resolución constituye el paso procesal previo necesario para que la Sala de lo Penal del alto tribunal evalúe la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía y el consiguiente archivo de las actuaciones judiciales.

Mediante esta resolución, el juez Llarena deja sin efecto el procesamiento de los tres encausados y remite el expediente a la Sala que juzgó la causa principal del proceso independentista. El tribunal deberá ahora decidir si, en cumplimiento de la ley vigente, exime de responsabilidad penal a Puigdemont, Comín y Puig, equiparando su situación jurídica a la de otros líderes independentistas, como el expresidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, cuyos casos ya han sido amnistiados.

El auto de conclusión del sumario se produce tras la retirada de las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre el expresidente catalán, una medida que ya permitía su retorno a territorio nacional desde hace semanas. Con este movimiento, la instrucción da por finalizada la fase de investigación al considerar que no restan diligencias pendientes de practicar en esta pieza del procedimiento penal.

La decisión del instructor traslada la competencia a la Sala de lo Penal para que resuelva sobre el sobreseimiento de la causa. Este órgano judicial deberá aplicar los criterios de la ley de gracia, tal como se realizó previamente con los acusados que sí comparecieron ante el tribunal en el juicio de 2019. El proceso se encamina así hacia la resolución definitiva de las responsabilidades derivadas de los hechos del 1 de octubre de 2017 para los antiguos miembros del Govern que permanecían fuera de España.

Desde el punto de vista institucional, la resolución de Llarena agota la fase de instrucción y centraliza la decisión final en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De confirmarse el archivo por amnistía, se cerraría el ciclo judicial abierto hace siete años en relación con los cargos de malversación y desobediencia que todavía se mantenían vigentes contra los procesados en rebeldía.