El Tribunal Supremo archiva las querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta
El Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la querella presentada por Vox y de diversas denuncias interpuestas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros por la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado mes de julio. La Sala de lo Penal considera que los escritos presentados no contienen elementos suficientes que justifiquen, en este momento procesal, la apertura de un procedimiento penal contra los miembros del Ejecutivo.
La resolución judicial afecta no solo al jefe del Ejecutivo, sino también a los titulares de las carteras de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Sanidad, Mónica García. Todos ellos habían sido señalados por supuestos delitos de prevaricación y dejación de funciones en relación con los sucesos acontecidos en la ciudad autónoma. Además de la querella de la formación política, el tribunal ha desestimado tres denuncias del colectivo Manos Limpias y otras dos de particulares.
En el auto, los magistrados exponen que, tras examinar la documentación e informaciones aportadas, se hace necesario analizar lo sucedido, pero matizan que no es posible trasladar la responsabilidad de los hechos a las personas aforadas de forma automática. El tribunal subraya que no existen indicios que permitan individualizar una participación penalmente relevante de los denunciados que fundamente el inicio de una instrucción ante el Alto Tribunal.
No obstante, el Tribunal Supremo ha aclarado que este archivo no constituye una declaración de atipicidad de los hechos ni descarta la existencia de posibles responsabilidades penales en otros ámbitos. La resolución recuerda que existe una investigación en curso en la Audiencia Nacional sobre la entrada de miles de personas en territorio nacional durante el pasado verano.
Finalmente, la Sala de lo Penal precisa el protocolo a seguir en caso de que aparezcan nuevas pruebas. Si de la instrucción que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional se desprendieran datos objetivos que impliquen directamente a algún miembro del Gobierno aforado, la jueza instructora deberá elevar una exposición razonada al Supremo. Solo en ese supuesto el tribunal resolvería sobre su competencia y la eventual apertura de un procedimiento judicial específico contra los aforados.
