La representación legal del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional contra la decisión del magistrado José Luis Calama de denegar una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La defensa busca con esta diligencia acreditar que las joyas incautadas en el despacho del exmandatario fueron un obsequio personal del fallecido monarca Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante una visita oficial en el año 2007.
En el escrito presentado por el abogado Víctor Moreno Catena, la asistencia letrada califica la negativa judicial como una «laminación del derecho fundamental a la defensa» y una vulneración del principio de igualdad de armas. Según la defensa, el rechazo del instructor no se basa en la impertinencia de la prueba, sino en una «mera incredulidad» ante la versión de los hechos ofrecida por Zapatero, lo cual, a su juicio, invierte la lógica de la presunción de inocencia en el proceso penal al atribuir posibles delitos tributarios por la mera tenencia de las piezas.
El recurso sostiene que el relato sobre el origen del ajuar es «perfectamente verosímil y coherente», subrayando que el intercambio de regalos personales entre mandatarios es una práctica institucional frecuente. La defensa rebate los argumentos del magistrado sobre la ausencia de estuches o certificados de autenticidad, alegando que no existe obligación legal de conservar este tipo de elementos auxiliares, especialmente cuando han transcurrido 19 años desde la recepción del obsequio en el ámbito de la esfera privada.
Asimismo, el texto de apelación incide en que el valor económico de las piezas, que ha sido objeto de discrepancia entre peritos judiciales, no debe ser un obstáculo para tramitar la asistencia internacional. Para los letrados, el objetivo principal de la comisión rogatoria es dilucidar el modo y el tiempo de la entrega de los bienes, independientemente de su tasación final, para desvincular la posesión de las joyas de cualquier irregularidad administrativa o penal.
Finalmente, el escrito concluye que ante la imposibilidad de presentar una prueba documental física tras casi dos décadas, la explicación proporcionada por el expresidente resulta «razonable y plausible». La defensa insta a la Sala de lo Penal a revocar el criterio del juez instructor y permitir que las autoridades de Arabia Saudí confirmen la entrega de las joyas en el Palacio de La Moncloa en junio de 2007, con el fin de desvanecer las sospechas sobre la procedencia de los efectos incautados.
