El ministro de Transportes, Óscar Puente, presenta su dimisión tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia al cargo durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. La decisión se produce seis días después del siniestro ferroviario en Urda, que se saldó con 69 víctimas mortales, y diez meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas en enero. Puente justificó su salida por razones de «dignidad política» y coherencia, tras una semana de intensas críticas y peticiones de dimisión por parte de la oposición y diversos sectores sociales.
Durante su intervención en la Cámara Baja, el hasta ahora titular de Transportes defendió su gestión y aseguró que su dimisión es una decisión personal, manifestando que inicialmente contempló dejar el cargo el mismo día del accidente en Urda. No obstante, optó por retrasar el anuncio para rendir cuentas ante los representantes públicos. Puente argumentó que la gravedad de acumular dos siniestros de esta magnitud en menos de un año hace «insostenible» su continuidad al frente del departamento, independientemente de la responsabilidad directa en los hechos.
Fuentes parlamentarias y del entorno de los socios de coalición señalan que la salida de Puente se enmarca en una estrategia de comunicación política conocida como la teoría del «fusible». Según este análisis, el ministro habría asumido el desgaste público durante los días posteriores a la tragedia para proteger la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta maniobra habría permitido dilatar el anuncio del cese hasta encontrar un momento de menor impacto ante la cercanía de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre.
La gestión de la crisis en Urda ha seguido un patrón similar al registrado tras el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero. En aquella ocasión, el Ejecutivo blindó al ministro mientras desplazaba el foco de la opinión pública hacia otros debates, como la regularización masiva de inmigrantes. En el caso actual, el Ministerio mantuvo inicialmente la tesis del «error humano», apoyada en la filtración de conversaciones entre el centro de control y los maquinistas, lo que provocó una dura reacción de los sindicatos ferroviarios, quienes tacharon la difusión de estos audios de «ilegal» y «gravísima».
Los socios parlamentarios del Gobierno ya daban por amortizada la figura de Puente desde el día siguiente al siniestro de Urda. Según ha trascendido, la información sobre su futura dimisión circulaba entre los grupos desde el 29 de octubre, bajo la premisa de que su permanencia era «insostenible». Tras el anuncio oficial, tanto el PSOE como sus aliados han abogado por iniciar una «fase nueva» que se centre en la viabilidad del sistema ferroviario y el debate sobre la liberalización del sector público.
Con la salida de Óscar Puente, el Gobierno busca cerrar la crisis política derivada de la siniestralidad en la red de alta velocidad y estabilizar el flujo informativo antes de la cita electoral. El relevo en el Ministerio de Transportes, cartera anteriormente ocupada por José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, obligará a una nueva remodelación en el gabinete ministerial en un clima de alta tensión parlamentaria.
