La Fiscalía Europea coordina una operación por presunto fraude en fondos destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea ha iniciado este viernes una operación anticorrupción centrada en la gestión de fondos comunitarios destinados a la renovación de infraestructuras ferroviarias. La investigación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, analiza posibles irregularidades en los contratos de seguridad y señalización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el marco de las pesquisas derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.
En el transcurso de la jornada, los agentes de la UCO han procedido a realizar diversos requerimientos de información y documentación a organismos públicos estratégicos. Entre las entidades requeridas se encuentran el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con el objetivo de recabar expedientes relacionados con el uso de las partidas presupuestarias europeas.
El foco de la Fiscalía Europea se sitúa en un presunto fraude en la administración de fondos destinados a la mejora de los sistemas de comunicaciones y seguridad del trazado. Las autoridades investigan si el capital asignado para la modernización de la infraestructura fue empleado conforme a la normativa vigente o si existieron desviaciones en la ejecución de los contratos que pudieran haber afectado a la operatividad de la vía.
Esta actuación judicial surge tras la apertura de una investigación de oficio para determinar si las condiciones de mantenimiento y señalización en el tramo de Urda, donde se produjo el siniestro el pasado mes de octubre, cumplen con los estándares exigidos por la Unión Europea para la recepción de fondos de cohesión y desarrollo.
Por el momento, los organismos implicados han mostrado su disposición a colaborar con la justicia en el volcado de la información solicitada. La operación se mantiene abierta y no se descartan nuevas diligencias a medida que se analice la documentación intervenida por la Guardia Civil bajo la supervisión de los fiscales europeos delegados en España.
