Irene Montero defiende la permanencia del Ministerio de Igualdad y el aumento de la inversión contra la violencia de género
La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha defendido este viernes la continuidad del Ministerio de Igualdad y el incremento de los recursos públicos destinados a la lucha contra la violencia machista. Durante un encuentro informativo organizado por Europa Press, Montero ha respondido a las propuestas del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, subrayando que la violencia contra las mujeres representa el «principal problema de seguridad» del país.
La representante de Podemos ha rechazado la intención manifestada por el líder de la oposición de suprimir la cartera de Igualdad en caso de llegar al Gobierno. Montero ha advertido que los discursos que cuestionan la utilidad de estas políticas o que califican la inversión pública como «chiringuitos» pueden generar desconfianza en las víctimas y dificultar que soliciten ayuda institucional ante situaciones de riesgo.
En relación con la propuesta de Núñez Feijóo de trasladar el control de los dispositivos telemáticos de protección —conocidos como pulseras antimaltrato— al Ministerio del Interior, Montero ha manifestado su oposición. Según ha argumentado, el servicio actual es eficaz gracias a la formación especializada de sus gestores y ha destacado que ninguna mujer que portaba dicho dispositivo ha sido asesinada bajo este sistema de vigilancia.
Asimismo, la candidata ha señalado la necesidad de reforzar la formación en perspectiva de género dentro de la judicatura. Montero ha lamentado que todavía existan sectores del ámbito judicial refractarios a esta instrucción, la cual considera determinante para establecer medidas de protección adecuadas y garantizar la seguridad de los menores implicados en estos procesos. En este sentido, ha reclamado también un aumento en el número de psicólogas y abogadas especializadas.
En materia de política social y económica, Montero ha situado la regulación de los precios del alquiler como la medida prioritaria para combatir la pobreza infantil, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias. Además, no ha descartado la aprobación de una prestación universal por crianza, defendiéndola como un derecho de los niños y niñas, supeditado a la garantía previa de condiciones de vida estructurales básicas.
Finalmente, respecto a las medidas de conciliación, la dirigente de Podemos ha abogado por remunerar el permiso de ocho semanas para el cuidado de hijos hasta los ocho años de edad. Ha advertido que la ausencia actual de retribución económica supone un obstáculo significativo para que las familias puedan acogerse a este derecho de manera efectiva.
