Colau propone una ley de expropiación de 100.000 viviendas a fondos de inversión
Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, ha anunciado este viernes el compromiso de su formación para impulsar una ley estatal de expropiación dirigida a los denominados «fondos buitre». La medida, que se aplicaría en el marco de un eventual gobierno progresista tras los comicios del 29 de noviembre, tiene como objetivo la recuperación de al menos 100.000 inmuebles por debajo de su precio de mercado para integrarlos en el parque público de vivienda.
Durante un encuentro informativo en Málaga, la candidata detalló que la normativa establecería una aplicación progresiva basada en el volumen de activos de los propietarios. El plan contempla iniciar las expropiaciones con las entidades que acumulan más de un millar de viviendas, continuando con aquellas que posean más de 700 y, finalmente, extendiéndose de forma escalonada hasta alcanzar a los titulares de medio centenar de propiedades. Según los datos aportados por la formación, actualmente existen trece grandes fondos que concentran el grueso de los inmuebles objeto de esta propuesta.
Colau justificó la necesidad de esta intervención ante lo que calificó como una adquisición «a granel» de viviendas por parte de fondos extranjeros para fines especulativos. Esta iniciativa legislativa se presenta de forma complementaria al impuesto a las «ultrarriquezas», conformando un eje estratégico para abordar la desigualdad distributiva y el problema habitacional en España. Para la candidata, es prioritario que el Estado actúe frente a una situación en la que el patrimonio de las cien mayores fortunas del país ha crecido un 16% en el último año.
En el ámbito de la confrontación política, la representante de Frente Amplio marcó distancias tanto con el bloque de la derecha como con sus actuales socios de coalición. Criticó al Partido Popular por fomentar la privatización y acusó al PSOE de haber mantenido una postura «tibia» y sensible a las presiones del sector inmobiliario durante los últimos años. En este sentido, Colau definió la cita electoral del 29N como un «referéndum» sobre el derecho a la vivienda, situando este asunto como el eje central de la campaña por encima de otras controversias dialécticas.
Finalmente, la candidata defendió la relevancia de que la ley sea de rango estatal para garantizar su cumplimiento con independencia del signo político de los gobiernos autonómicos o locales. Al ser consultada sobre la tasa turística y la regulación de alojamientos, Colau aludió a su gestión previa en Barcelona como ejemplo de intervención municipal, aunque insistió en que la magnitud actual del mercado inmobiliario requiere medidas que excedan las competencias de los ayuntamientos para evitar la discrecionalidad administrativa.
