Salvador Illa recurrirá ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa contra Alvise Pérez
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interpondrá un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la resolución de sobreseimiento de la causa judicial abierta contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez. El procedimiento legal se centra en la difusión de una supuesta prueba PCR falsa del entonces ministro de Sanidad durante la campaña de las elecciones catalanas de febrero de 2021.
Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han confirmado que el jefe del Ejecutivo autonómico pretende agotar las vías judiciales para «llegar hasta el fondo de este asunto». Desde el entorno de Illa se ha subrayado la necesidad de que las redes sociales «no sean un espacio de impunidad para los agitadores y los propagadores de mentiras», defendiendo la integridad institucional frente a la desinformación.
La decisión de recurrir se produce tras el reciente auto judicial en el que el magistrado instructor argumentó la falta de indicios suficientes de criminalidad. Según la resolución, no se ha podido acreditar que Alvise Pérez participara directamente en la falsificación del documento o que realizara su difusión a sabiendas de que la información era mendaz. Por este motivo, el juez rechazó en primera instancia solicitar el suplicatorio a la Eurocámara, trámite necesario para proceder contra el ahora eurodiputado.
La querella inicial contempla presuntos delitos contra el honor y falsedad documental. Los hechos se remontan a la víspera del debate electoral de TV3 en 2021, cuando el hoy eurodiputado publicó en sus perfiles sociales una imagen que sugería un resultado positivo en coronavirus de Salvador Illa, coincidiendo con la controversia política sobre la negativa del candidato socialista a realizarse un test de antígenos antes del encuentro televisado.
Con este movimiento legal, la representación del presidente de la Generalitat busca que el Tribunal Supremo revise la valoración de las pruebas y determine si existen elementos suficientes para continuar con la instrucción penal. El caso se suma a los diversos frentes judiciales en los que se analiza la responsabilidad legal de los creadores de contenido digital en la difusión de información falsa que afecta a cargos públicos.
