La Audiencia Nacional anula la creación de la Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar por falta de motivación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la orden ministerial que establecía la creación de una Comisaría Local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería). El tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, al considerar que el Ministerio del Interior no justificó de manera suficiente ni motivada el cambio de demarcación policial en el municipio, calificando la decisión de «arbitraria».
La resolución judicial ha paralizado los planes de la Dirección General de la Policía, que ya había finalizado las obras de una comisaría provisional con una inversión cercana a los 600.000 euros. Ante este escenario, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ha solicitado a la Comisaría Provincial de Almería la elaboración de un informe técnico urgente que trate de subsanar las deficiencias señaladas por la Audiencia Nacional y justifique, con datos demográficos y operativos, la necesidad del despliegue del cuerpo nacional en una zona tradicionalmente bajo competencia de la Benemérita.
El fallo tiene consecuencias directas sobre la planificación de recursos humanos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Interior había previsto la incorporación de 150 efectivos para el próximo 1 de diciembre, proceso que ha quedado suspendido tras el bloqueo del concurso de traslados. La sentencia subraya que la administración omitió documentar adecuadamente las necesidades de seguridad, el impacto del crecimiento poblacional y la transición de responsabilidades entre cuerpos, requisitos esenciales para alterar el despliegue territorial vigente.
Desde el ámbito sindical, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Almería ha expresado su preocupación por la «falta de rigor» en la gestión administrativa del proyecto. A pesar del revés judicial, la organización mantiene que la resolución no prohíbe la implantación definitiva de la Policía Nacional, sino que exige un procedimiento administrativo riguroso. El sindicato insta al Ministerio a actuar con celeridad para dotar de seguridad jurídica tanto a los funcionarios como a los ciudadanos afectados por la incertidumbre operativa.
El conflicto competencial se remonta a 2023, cuando una orden ministerial incluyó a Roquetas de Mar en el listado de municipios con comisaría local sin aportar una memoria justificativa detallada. Históricamente, la Guardia Civil ha ejercido la seguridad ciudadana en este término municipal, y la decisión de Interior implicaba el cierre del acuartelamiento actual y la reubicación de 180 agentes del instituto armado y sus familias en otras localidades de la provincia.
Para revertir la situación, el Ministerio del Interior deberá ahora recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, un proceso que podría demorarse un mínimo de dos años. Mientras tanto, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía trabaja en la elaboración del documento exigido por la Audiencia Nacional, que deberá concretar la coordinación con la Guardia Civil y garantizar la continuidad del servicio público de seguridad en el municipio almeriense durante el periodo de transitoriedad.
