Cuba denuncia nuevas sanciones de Estados Unidos contra empresas estatales y buques
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su rechazo institucional ante las recientes medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra entidades y embarcaciones de la isla. El mandatario calificó las restricciones como una estrategia de «asfixia económica» y denunció que las sanciones afectan también a compañías extranjeras que participan en el suministro de bienes esenciales para el desarrollo social y económico cubano.
La reacción del Ejecutivo cubano se produce tras el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a dos ciudadanos cubanos, cinco empresas y dos buques. Entre las personas señaladas destaca la general de brigada Any Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial más relevante de las fuerzas armadas cubanas.
A través de una declaración pública, Díaz-Canel cuestionó la legitimidad de los argumentos empleados por Washington para justificar estas acciones, calificándolos de carentes de credibilidad ante la comunidad internacional. Según el presidente cubano, las medidas forman parte de un «castigo colectivo» que busca someter a la nación mediante la presión financiera, al tiempo que reiteró que Cuba no representa una amenaza para la seguridad de otros Estados.
Por su parte, la administración estadounidense ha fundamentado estas sanciones como parte de una iniciativa integral para poner fin a lo que denominan «actividades ilícitas del régimen cubano» en el hemisferio. Estas disposiciones se alinean con la política de endurecimiento de restricciones comerciales y financieras que ha caracterizado la relación bilateral en los últimos años, con el objetivo declarado de limitar los recursos de las estructuras estatales de la isla.
El mandatario cubano concluyó su pronunciamiento asegurando que el bloqueo económico sigue siendo el principal obstáculo para el bienestar del país, reafirmando una postura de resistencia frente a las presiones externas. Las nuevas sanciones entran en vigor de manera inmediata, restringiendo cualquier transacción de ciudadanos o entidades bajo jurisdicción estadounidense con los activos y personas designadas en la lista de la OFAC.


