La Diputación Permanente decidirá este jueves la convalidación de los nuevos decretos ley de vivienda
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunirá el próximo jueves, 12 de noviembre, para debatir y votar la convalidación o derogación de los dos decretos leyes en materia de vivienda aprobados recientemente por el Gobierno. La sesión se celebrará apenas unas horas antes del inicio oficial de la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre y en un contexto de disolución de las Cámaras, lo que otorga a este órgano la responsabilidad de refrendar las normas vigentes desde el pasado 7 de octubre.
Al encontrarse las Cortes Generales disueltas, la Diputación Permanente es el único órgano parlamentario con plenas facultades para ejercer el control de los decretos leyes, tal como establece la Constitución Española. Los textos legales deben ser sometidos a votación en un plazo máximo de treinta días tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En esta ocasión, el equilibrio de fuerzas en el órgano, compuesto por 69 diputados, sitúa al Partido Nacionalista Vasco (PNV) como la formación determinante para el resultado de las votaciones.
El escenario parlamentario actual refleja una división técnica. El bloque conformado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos cuenta con 34 escaños, la misma cifra que suman el Partido Popular, Vox y Junts. El PNV, con un único representante, ya ha manifestado su intención de votar de forma diferenciada: apoyará el decreto de medidas generales pero rechazará el relativo a las indemnizaciones por rescisión de contratos, lo que anticipa una convalidación parcial de la agenda legislativa del Ejecutivo.
El primer decreto ley, cuya aprobación parece garantizada con 35 votos a favor, incluye el mecanismo ‘Tu Casa’, gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con una dotación de 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros destinados a la adquisición de primera vivienda. Asimismo, la norma establece la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030, regula una prórroga automática de los alquileres hasta 2028 y endurece las condiciones fiscales y operativas para los grandes tenedores de vivienda.
Por el contrario, el segundo texto se encamina a la derogación ante la falta de apoyos suficientes. Este decreto introduce la obligatoriedad de que el propietario abone una indemnización equivalente a una anualidad de renta al inquilino si decide romper el contrato de alquiler una vez superadas las prórrogas legales. Esta medida ya fue rechazada por la mayoría del pleno antes del adelanto electoral y, ante la persistencia de la negativa de formaciones como el PNV o Coalición Canaria, se prevé que no supere el trámite parlamentario este jueves.
La sesión del jueves no se limitará exclusivamente a la vivienda. El orden del día incluye la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien explicará la planificación de la red de energía eléctrica con el horizonte puesto en 2030. Además, la Diputación Permanente tiene pendiente para próximas sesiones la resolución sobre otros decretos relativos a medidas de protección social y laboral, así como las ayudas destinadas a los afectados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Este procedimiento parlamentario se produce tras el intento fallido del Gobierno de aprobar estas mismas medidas a principios de octubre, lo que precipitó la disolución de las Cortes al no contar con una mayoría suficiente frente a la oposición de PP, Vox, Junts, UPN, PNV y Coalición Canaria en los puntos más controvertidos. El Ejecutivo optó por reintroducir los textos con ligeras modificaciones técnicas para asegurar su vigencia administrativa inmediata, trasladando la decisión definitiva al marco de la Diputación Permanente.
