Adif desmiente el blindaje de un bonus para su directiva y defiende la legalidad de sus retribuciones variables
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif Alta Velocidad (Adif AV) han emitido un comunicado oficial para negar de forma categórica el supuesto blindaje de un «bonus» destinado a su cúpula directiva. La entidad pública ha calificado de «sesgadas e incompletas» las informaciones difundidas durante el último fin de semana, asegurando que no existe ninguna gratificación extraordinaria vinculada a los recientes acuerdos de financiación aprobados por sus Consejos de Administración.
Según explica la compañía, el pasado 4 de noviembre se ratificaron convenios con la Administración General del Estado destinados a reforzar los recursos de conservación y mantenimiento ferroviario. Este plan prevé una inversión global de aproximadamente 19.000 millones de euros para el próximo periodo, en estricto cumplimiento con la Ley del Sector Ferroviario. Adif subraya que el orden del día de dichas reuniones tenía como objetivo único garantizar la sostenibilidad y seguridad de las infraestructuras para los próximos años.
En lo referente al sistema salarial, la operadora pública aclara que, desde el año 2012, un total de 5.216 empleados perciben una parte de su salario bajo la modalidad de «retribución variable». Este modelo, vinculado a la consecución de objetivos anuales, afecta tanto a la alta dirección y estructura directiva como a mandos intermedios y cuadros de apoyo. La empresa incide en que este esquema retributivo ya figuraba en el convenio de financiación previo para el periodo 2021-2025.
La aclaración de Adif se produce tras las críticas vertidas por los principales líderes de la oposición en el marco de la precampaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó la devolución de cualquier gratificación, calificando de «vomitivo» que se planteen premios tras el reciente accidente de Urda. En la misma línea, el líder de Vox cuestionó los objetivos de la dirección de la compañía y criticó la gestión de los servicios públicos y la seguridad ferroviaria.
El debate político se ha intensificado al coincidir estos trámites administrativos con el luto por el siniestro ocurrido en Urda (Toledo), donde fallecieron 69 personas tras la colisión de un tren de Renfe contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido por un fallo en el sistema LZB. Adif ha defendido que los acuerdos alcanzados buscan precisamente dotar de mayores recursos a la red para prevenir fallos técnicos y mejorar la fiabilidad del sistema ferroviario nacional.
Finalmente, la entidad ha manifestado su «total rechazo» a las acusaciones de falta de empatía, insistiendo en que la aprobación de los convenios de financiación es un requisito legal indispensable para la operatividad de la red y el mantenimiento de los estándares de seguridad que exige la normativa vigente.
