Juventud e Infancia insta a la Fiscalía a investigar a TikTok por presunta difusión de material de abuso infantil
El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito formal a la Fiscalía General del Estado solicitando su intervención ante las informaciones que denuncian la presencia de material de abuso sexual infantil en la red social TikTok. El departamento que dirige Sira Rego ha planteado, asimismo, la posibilidad de paralizar de forma cautelar los servicios de la plataforma en España para garantizar la protección integral de los menores de edad afectados.
La iniciativa gubernamental surge tras una investigación publicada por la organización Maldita.es, en la que se asegura haber identificado más de mil vídeos con contenido de abuso sexual infantil explícito. Según fuentes del Ministerio, el objetivo de la comunicación a la Fiscalía es que el Ministerio Público adopte las medidas necesarias en el ejercicio de sus competencias para frenar la difusión de estos contenidos y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.
El informe técnico detalla que, de una muestra de 50 vídeos denunciados como contenido ilegal —los cuales acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 interacciones—, TikTok únicamente procedió al borrado del 10% de las piezas y al bloqueo del 26% solo en territorio español. En el 58% de los casos restantes, la plataforma consideró que el material no infringía sus normas de comunidad ni la legislación vigente, si bien una parte fue retirada posteriormente de forma progresiva.
Ante la gravedad de los hechos documentados, la ministra Sira Rego ha solicitado una reunión de urgencia con los representantes de TikTok en España. El Ejecutivo busca obtener explicaciones detalladas sobre los mecanismos de moderación de la red social, así como conocer las actuaciones inmediatas previstas por la compañía para asegurar un entorno digital seguro para los menores.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se subraya que los hechos revelan «graves deficiencias» en los sistemas de detección y en los algoritmos de recomendación de la plataforma, que habrían contribuido a la propagación de este material. La institución considera que estas omisiones podrían constituir una vulneración sistemática de los derechos de la infancia, lo que requiere una respuesta coordinada entre las administraciones nacionales y los organismos de la Unión Europea.
Este movimiento se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el papel de las grandes tecnológicas en la seguridad del menor. El Gobierno recalca que el 38% de las cuentas denunciadas en la investigación seguían activas tras el plazo inicial de respuesta, lo que ha motivado la petición de medidas cautelares ante la justicia para prevenir potenciales daños irreparables.
