La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha interpuesto una querella criminal contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad. La acción judicial se fundamenta en las declaraciones televisivas realizadas por el empresario en febrero de 2026, en las que vinculó a la mandataria con la entrega de un sobre que contendría documentación relativa a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Según el escrito presentado por la representación legal de Rodríguez, las afirmaciones objeto de la demanda se produjeron en los programas ‘Diario de la Noche’ de Telemadrid y ‘Horizonte’ de Cuatro. En dichas intervenciones, Aldama sostuvo que Rodríguez le habría entregado personalmente un sobre con el logotipo de la empresa estatal PDVSA, el cual contendría información sobre hechos que actualmente son objeto de investigación judicial en torno a las cuentas de la formación política y de la Internacional Socialista.
La querellante niega de forma rotunda las afirmaciones de Aldama, asegurando que nunca tuvo conocimiento de la existencia de dicho sobre ni participó en su entrega al empresario. La defensa resalta la falta de pruebas que vinculen a la vicepresidenta con el documento y pone el foco en la ausencia de trazabilidad del mismo. Según el escrito, el sobre presenta un sello de recepción de febrero de 2020, pero habría permanecido oculto por el empresario hasta su difusión pública en 2026.
El sobre en cuestión ya ha sido integrado en distintas causas en la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’, solicitó su entrega en el marco de una pieza secreta que investiga presuntos pagos en metálico. Asimismo, el juez Santiago Pedraz ha tomado declaración a Aldama en el marco del ‘caso hidrocarburos’, donde el empresario relacionó el contenido de la documentación con el sector energético tras ser instado por la Fiscalía Anticorrupción a aportar detalles sobre sus afirmaciones.
La querella subraya que estas acusaciones han proyectado sobre Rodríguez una falsa participación en hechos delictivos, agravada por la difusión en medios de comunicación de gran alcance. El despacho de abogados de la mandataria recuerda que el delito de injuria castiga la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Al tratarse de una injuria con publicidad, el ordenamiento jurídico prevé penas de multa de entre seis y catorce meses.
Como diligencias probatorias, la representación de Rodríguez ha solicitado al órgano judicial el requerimiento de las grabaciones íntegras de las entrevistas de los días 4 y 5 de febrero, así como la citación del querellado para prestar declaración. La demanda precisa, además, que la vicepresidenta no ostenta la condición de investigada en ninguno de los procedimientos judiciales a los que Aldama aludió en sus intervenciones públicas.
