El Tribunal Supremo garantiza el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’ ante las elecciones del 29-N
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión del derecho al voto a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos». La decisión judicial asegura la participación de este colectivo, residente en el extranjero, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, desestimando así las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa.
El alto tribunal ha fundamentado su negativa en la preservación de la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. Según el auto de los magistrados, adoptar una medida de tal calado en la actual fase del calendario comprometería el normal desarrollo de los comicios, dado que ya ha transcurrido más de la mitad del periodo electoral y restan apenas dos semanas para que se inicie el depósito del voto en las oficinas consulares.
La controversia jurídica se centraba en el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la mencionada ley, que permite el acceso a la ciudadanía a los hijos de personas que previamente se nacionalizaron mediante la normativa de memoria histórica de 2007 o la de 2022. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) computaba a 1 de agosto a 189.678 ciudadanos integrados en este supuesto específico.
La Abogacía del Estado se opuso formalmente a la pretensión de Vox e Iustitia Europa, argumentando que la identificación individual de estos electores resultaba «materialmente inviable» en los plazos actuales. El Gobierno advirtió de que no existe un desglose nominal que permita vincular automáticamente a cada elector con el expediente de su progenitor sin una revisión manual exhaustiva, lo que podría generar incidencias críticas durante la jornada de votación y el posterior escrutinio.
Este nuevo pronunciamiento del Supremo matiza la línea seguida el pasado mes de septiembre, cuando el tribunal sí acordó la suspensión cautelar del voto para un grupo de más de 163.000 personas nacionalizadas como descendientes directos de españoles exiliados o emigrados. No obstante, en aquella ocasión, la medida no alcanzó a los hijos de estos nuevos ciudadanos, quienes conservan ahora su plena capacidad de sufragio tras la resolución dictada esta semana.
Los magistrados han subrayado que iniciar un nuevo procedimiento de comprobación y exclusión del censo en este momento procesal sería contrario a las garantías democráticas. La resolución recuerda además las dificultades administrativas ya experimentadas por la red consular para cumplir con la primera suspensión de septiembre, un proceso que requirió la movilización de recursos técnicos y humanos extraordinarios para identificar a los afectados bajo advertencia de responsabilidades legales por retrasos.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo cierra el debate sobre la composición del censo CERA de cara a la cita electoral de finales de mes, priorizando la viabilidad de los plazos administrativos y el derecho fundamental al voto frente a las impugnaciones sobre los criterios de adquisición de la nacionalidad contemplados en la legislación vigente.
