El Gobierno aprueba el real decreto-ley para reforzar la protección a familias monomarentales y colectivos vulnerables

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto-ley destinado a ampliar la cobertura social y el reconocimiento jurídico de las familias monomarentales y monoparentales. La nueva normativa extiende asimismo su ámbito de aplicación a las familias numerosas con recursos limitados y a aquellas que integran a personas con discapacidad, estableciendo un marco de protección que el Ejecutivo califica de estructural para la cohesión social.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuenta con una dotación presupuestaria de 820 millones de euros anuales. Según las estimaciones oficiales del departamento que dirige Pablo Bustinduy, la medida tendrá un impacto directo en más de 760.000 hogares, lo que supone alcanzar a cerca de tres millones de personas en todo el territorio nacional.

El texto normativo busca dar respuesta a las necesidades específicas de los hogares encabezados por un solo progenitor, en su gran mayoría mujeres, equiparando en diversos supuestos sus derechos y acceso a prestaciones con los de otros colectivos protegidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que la aprobación de este decreto representa un ejercicio de justicia social, orientado a garantizar que la crianza y el cuidado de los hijos cuenten con el respaldo institucional necesario independientemente de la estructura familiar.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha subrayado que este refuerzo económico y legal es un paso fundamental para reducir los índices de vulnerabilidad que afectan de forma persistente a las familias monoparentales. La norma incluye mecanismos para facilitar la conciliación y mejorar el acceso a ayudas directas, consolidando una red de seguridad para los sectores de la población con mayores dificultades para el sostenimiento económico de sus unidades de convivencia.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el real decreto-ley deberá ser remitido al Congreso de los Diputados para su correspondiente convalidación. Con esta medida, el Gobierno de coalición avanza en su agenda legislativa en materia de derechos sociales, centrando los esfuerzos de la inversión pública en la protección de la infancia y el apoyo a la diversidad familiar.