El líder de la formación Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha presentado este martes su programa de gobierno bajo la denominación de «contrato electoral». El documento detalla una serie de reformas estructurales para el Estado, entre las que destacan la reducción del Ejecutivo a diez ministerios, la supresión del Senado y la implementación de medidas punitivas severas, incluyendo la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad financiado con fondos incautados al crimen organizado.
En materia de administración pública, la propuesta de SALF contempla una reestructuración profunda del Gabinete, pasando de los 22 ministerios actuales a diez, coordinados por una única vicepresidencia que asumiría las competencias de Hacienda, Economía y Empleo. Asimismo, el plan prevé una reducción del aparato burocrático, disminuyendo el número de asesores de los 1.255 actuales a 400 y recortando los entes estatales de 452 a 300. Según el documento, las secretarías de Estado se reducirían a 15 y las direcciones generales a 70.
Uno de los pilares del programa es la reforma del sistema penitenciario y judicial. Pérez propone la edificación de una «megacárcel» de régimen cerrado, inspirada en el modelo salvadoreño, con un presupuesto de 3.000 millones de euros provenientes de decomisos al narcotráfico y al crimen organizado. El centro estaría destinado a condenados por asesinato, agresiones sexuales, terrorismo y corrupción política, bajo un régimen sin beneficios penitenciarios ni permisos. Adicionalmente, el programa plantea que los delitos de corrupción pública sean imprescriptibles y sugiere la castración química voluntaria para agresores sexuales como condición previa para acceder a cualquier beneficio penitenciario.
En el ámbito económico y fiscal, el «contrato electoral» incluye la eliminación del IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros anuales y la supresión total del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para todos los ciudadanos. También se proyecta la eliminación de la cuota de autónomos y diversas exenciones fiscales para la adquisición de la primera vivienda. En cuanto a la seguridad jurídica sobre la propiedad, el texto promete facilitar el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas mediante la presentación del título de propiedad ante las fuerzas de seguridad.
La propuesta también aborda la política exterior y de defensa. SALF plantea la celebración de un referéndum para la renegociación de la posición de España en la Unión Europea, con la posibilidad de una segunda consulta de salida si Bruselas rechaza las condiciones planteadas. En defensa, se propone un servicio militar voluntario de seis a doce meses, remunerado con 1.600 euros netos mensuales, que otorgaría beneficios fiscales y puntos para oposiciones a los participantes. Respecto a la política migratoria, la formación propone una paralización total de la inmigración procedente de países que no colaboren en la lucha contra las mafias de trata de personas.
Finalmente, respecto al desempeño parlamentario, Alvise Pérez ha anunciado un mecanismo de «cláusula de penalización» sobre su propio salario como diputado. Según la propuesta, la nómina quedaría bloqueada en el Banco de España y el cargo percibiría un sueldo variable vinculado al cumplimiento de sus promesas de voto en el Congreso. El dirigente también ha informado de que, hasta la fecha, ha donado 170.000 euros correspondientes a sus emolumentos como eurodiputado.
