La Audiencia Nacional deniega la extradición de un presunto organizador de pateras por la baja penalización en España

La Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que deniega la extradición a Marruecos de un ciudadano detenido en Lanzarote, acusado de pertenecer a una red dedicada a la organización de viajes en patera hacia las Islas Canarias. El tribunal fundamenta su decisión en que los hechos imputados no cumplen el requisito de doble incriminación bajo los umbrales de penología exigidos en el convenio bilateral, dado que las penas previstas en el Código Penal español para este delito son inferiores a los dos años de prisión.

El reclamado fue arrestado el pasado 4 de julio de 2024 en Arrecife tras una orden internacional de detención cursada por la Interpol. La Fiscalía Real de Marruecos vinculaba al sospechoso con una organización criminal asentada en Agadir que, presuntamente, facilitaba el tránsito ilegal de personas hacia el archipiélago canario a cambio de contraprestaciones económicas que rondaban los 2.700 euros por trayecto.

En el análisis del caso, la Sala de lo Penal reconoce la existencia de un delito equivalente en la legislación nacional, concretamente en el artículo 318 bis del Código Penal, referido al favorecimiento de la inmigración ilegal. No obstante, el tribunal destaca una discrepancia sustancial en las escalas punitivas de ambos países. Mientras que en Marruecos estos hechos pueden conllevar penas de hasta 20 años de cárcel, en España la sanción se limita a multas o penas de prisión que oscilan entre los tres meses y el año.

Esta diferencia técnica impide la entrega del detenido, ya que el convenio de cooperación judicial suscrito entre Madrid y Rabat estipula que, para que una extradición sea procedente, el delito debe estar sancionado en el Estado requerido con una pena mínima de dos años de privación de libertad. Al no alcanzarse dicho umbral en el ordenamiento jurídico español, la Audiencia Nacional ha procedido a desestimar la solicitud de las autoridades marroquíes.

La resolución ha provocado reacciones en el ámbito institucional de Canarias. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha manifestado su disconformidad con el actual marco legislativo y ha instado a las fuerzas parlamentarias a promover una reforma urgente del Código Penal. Según el regidor, es necesario elevar las penas para el delito de organización de inmigración irregular con el fin de facilitar la cooperación internacional y garantizar que las personas investigadas por estas actividades no eludan la acción de la justicia.

El debate sobre la modificación del Código Penal en materia migratoria se produce en un contexto de incremento de la presión migratoria en la Ruta Canaria. Desde las administraciones locales se solicita un endurecimiento legal que permita alinear la normativa española con los estándares internacionales de lucha contra las redes de tráfico de personas, evitando así vacíos legales que obstaculicen los procesos de extradición con los países de origen y tránsito.