La Fiscalía denuncia ante el juzgado la difusión de los audios del accidente ferroviario de Urda
La Fiscalía ha formalizado una denuncia ante los juzgados de Madrid por la difusión de las grabaciones operativas tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Esta decisión ministerial se produce tras el cierre de las diligencias preprocesales abiertas a raíz de la demanda presentada por el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) contra el exministro de Transportes, Óscar Puente, a quien se le atribuyen dos presuntos delitos de revelación de secretos.
La fiscal Patricia Galán ha sido la encargada de tramitar la denuncia ante la Oficina de Registro y Reparto Penal del Servicio Común General del Tribunal de Instancia de Madrid. Según consta en la documentación, las diligencias concluyeron formalmente el pasado 5 de noviembre, aunque la notificación oficial tiene fecha de salida del 10 de noviembre. El caso pasará ahora a disposición de un juzgado de instrucción para determinar las responsabilidades penales derivadas de la publicación de dicho material sonoro.
El origen de la controversia se remonta a la comparecencia pública ofrecida por el entonces titular de la cartera de Transportes pocas horas después del siniestro, en el que fallecieron 69 personas. Durante la rueda de prensa, se revelaron fragmentos de las conversaciones mantenidas entre el centro de control de Atocha y uno de los maquinistas implicados. Alferro sostiene que el exministro no se limitó a ofrecer información general, sino que reprodujo contenidos concretos y operativos registrados por ADIF, a los que tuvo acceso en el ejercicio de sus funciones gubernamentales.
Fuentes sindicales han aclarado que este procedimiento impulsado por el Ministerio Público es independiente de la querella que la propia organización Alferro ha elevado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el exministro Puente, debido a su condición de aforado. La denuncia por la difusión de los audios cuenta también con el respaldo de otras centrales sindicales, como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que han manifestado su rechazo a la gestión de la información sensible del accidente.
En paralelo a la investigación sobre la revelación de secretos, la justicia mantiene abiertos otros frentes relativos a las causas y responsabilidades del descarrilamiento. El juzgado de Orgaz instruye actualmente las denuncias presentadas por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), así como una querella de la formación Vox por presunto homicidio imprudente y otra denuncia del sindicato Manos Limpias dirigida contra los gestores y supervisores de Adif, Renfe e Iryo.
