Los centros de acogida de Melilla cuadruplican su capacidad ante el bloqueo en los traslados y reformas

La Ciudad Autónoma de Melilla registra actualmente una ocupación en sus centros de protección de menores que multiplica por cuatro su capacidad operativa. Según los últimos datos oficiales, las instalaciones albergan a unos 340 menores extranjeros no acompañados, pese a que el límite establecido en el plan de contingencia migratoria —vigente desde hace más de un año— se sitúa en 84 plazas. Esta situación de sobreocupación coincide con dificultades administrativas en el proceso de traslado a la península y el bloqueo institucional en la reforma de las infraestructuras de acogida.

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha comparecido ante los medios para explicar que el ritmo de derivación de menores hacia otras comunidades autónomas no depende exclusivamente de la administración local. Mohamed ha señalado que el personal encargado de ejecutar estos traslados es el mismo que debe atender directamente a los menores y gestionar su documentación, lo que genera un cuello de botella logístico. Asimismo, ha recordado que la celeridad de estos trámites está vinculada a la coordinación con la Delegación del Gobierno.

En cuanto al estado de las infraestructuras, el Ejecutivo local ha vinculado la imposibilidad de mejorar las condiciones de habitabilidad al freno en las obras proyectadas para el Fuerte de la Purísima. La ciudad autónoma se encuentra a la espera de una licencia del Ministerio de Cultura, necesaria debido al valor patrimonial del inmueble. Este retraso ha suscitado críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales que denuncian el estado de las instalaciones donde residen los menores bajo tutela oficial.

Por su parte, el consejero de Fomento, Miguel Marín, ha responsabilizado directamente a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de interferir en lo que considera una competencia estrictamente local. Según Marín, la elevación del expediente al Ministerio de Cultura por parte de la Delegación ha paralizado una actuación que debería ser resuelta por la Comisión de Patrimonio de la ciudad. El consejero ha subrayado que el documento técnico lleva meses sin respuesta, impidiendo cualquier avance en la reforma del recinto, que es una concesión demanial del Ministerio de Defensa.

La controversia institucional entre el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno se produce en un contexto de presión migratoria sostenida en la ciudad. Mientras la administración local reclama mayor agilidad y respeto a sus competencias para descongestionar el sistema asistencial, la resolución de las deficiencias estructurales en los centros de acogida permanece supeditada a los plazos de la administración central y a la resolución del conflicto competencial sobre el patrimonio histórico.