La Fiscalía Europea investiga el estado del sistema de seguridad ferroviario tras el accidente de Urda
La Fiscalía Europea, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha iniciado una investigación por presunto fraude en relación con el contrato de sustitución de los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Las pesquisas se centran en el estado de conservación y la vigencia técnica del sistema LZB tras el accidente ferroviario en el tramo de Urda, que resultó en 69 fallecidos y más de 200 heridos.
Documentación técnica incorporada al expediente de Adif revela discrepancias respecto a la versión oficial ofrecida por el Ministerio de Transportes en sede parlamentaria. Según los informes técnicos, el tramo de 63 kilómetros donde se produjo la colisión opera con la versión L72 del sistema LZB, una tecnología desarrollada a principios de la década de los setenta que Alemania dejó de utilizar definitivamente en 2023 por considerarla obsoleta.
Los datos reflejan que Adif mantiene operativa la versión L72 en 396 kilómetros de la vía Madrid-Andalucía, mientras que solo 74 kilómetros cuentan con la versión actualizada denominada CIRELKE o CE, empleada por el gestor ferroviario alemán. Esta información contradice las declaraciones del exministro Óscar Puente, quien aseguró en el Congreso de los Diputados que el sistema en uso era el mismo que operaba en la mayor parte de la red alemana.
La investigación judicial también pone el foco en la gestión del mantenimiento de estos equipos. El sistema LZB en los tramos afectados se gestiona a través de ordenadores GEI-6000, cuyo fabricante desapareció en 1990. La falta de piezas de repuesto y la jubilación de los técnicos especializados en esta tecnología habrían dificultado las labores de reparación de un sistema que, solo en el presente año, registró al menos 170 caídas y fallos técnicos previos al accidente del pasado 28 de octubre.
El expediente administrativo bajo sospecha, valorado en 77,5 millones de euros y financiado íntegramente con fondos europeos, fue adjudicado a la empresa Thales para la implementación del sistema ERTMS. La Fiscalía Europea analiza ahora posibles irregularidades en la gestión de estos fondos, tras la desaparición temporal de 13 documentos clave de la web oficial de Adif, los cuales fueron restituidos horas después de que se hiciese pública su ausencia.
Mientras que Alemania inició en 2012 un proceso de diez años para retirar la versión L72 tras su descatalogación, en España la decisión de sustitución directa no se formalizó hasta 2020. Los peritajes técnicos actuales buscan determinar si el desfase tecnológico y los fallos recurrentes del sistema de control de tráfico fueron determinantes en la secuencia de eventos que impidió el bloqueo de las vías 23 minutos antes del impacto fatal.
