La región de Isla de Francia retirará ayudas a estudiantes sancionados por actos de violencia en institutos
La presidenta de la región de Isla de Francia, Valérie Pécresse, ha anunciado este jueves una serie de medidas destinadas a frenar la escalada de incidentes en los centros educativos de la demarcación, que abarca ocho departamentos incluyendo la ciudad de París. La iniciativa principal contempla la retirada de ayudas regionales para actividades culturales y deportivas a aquellos alumnos que sean sancionados disciplinariamente por actos de violencia o por causar daños materiales en las instalaciones escolares.
La medida se produce tras el registro de bloqueos, incendios y el uso de morteros pirotécnicos en aproximadamente un centenar de institutos. Pécresse ha subrayado la gravedad de estos episodios, calificándolos de «extremadamente violentos» y con potencial para causar víctimas mortales. Bajo la premisa de que «quien rompe, paga», la región ha confirmado que se personará como parte civil en las denuncias presentadas por los directores de los centros afectados para exigir la reparación de los daños.
En el caso de que los responsables de los desperfectos sean menores de edad, la administración regional trasladará la responsabilidad civil a los progenitores. Según detalló la presidenta de Los Republicanos (LR), la suspensión de las subvenciones voluntarias se aplicará formalmente a los estudiantes que hayan sido expulsados por degradación de infraestructuras o violencia, una vez que los consejos disciplinarios de sus respectivos institutos hayan ratificado su responsabilidad en los hechos.
Como complemento a las sanciones económicas, el Ejecutivo regional propondrá la instalación de sistemas de videovigilancia en el interior de los 50 institutos más afectados por las intrusiones y el lanzamiento de artefactos pirotécnicos. Los dispositivos se ubicarán en los pasillos de los centros con el objetivo de identificar a los infractores y garantizar la seguridad de los docentes y el alumnado, preservando el carácter de «santuario» de las instituciones educativas.
Pécresse también ha alertado sobre una creciente radicalización en las protestas estudiantiles, la cual atribuye a una estructura organizada vinculada a sectores de la extrema izquierda. En su comparecencia, la dirigente regional acusó a la formación política La Francia Insumisa (LFI) de intentar capitalizar políticamente el descontento juvenil y las movilizaciones, dificultando el desarrollo normal de las clases y la convivencia en los centros públicos.
La viabilidad legal de la retirada de las ayudas se fundamenta, según la presidencia regional, en la naturaleza voluntaria de estos fondos. Al no tratarse de prestaciones de carácter obligatorio, la administración de Isla de Francia sostiene que tiene la competencia para establecer los criterios de concesión, vinculándolos en este caso al respeto de las normas de conducta y la integridad del patrimonio público escolar.
