La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados somete a votación este jueves la convalidación de los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda aprobados recientemente por el Gobierno. La sesión se produce en un contexto de especial sensibilidad social, tras la huelga general por el derecho a la vivienda y a escasas horas del inicio de la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre, cuya convocatoria fue precipitada precisamente por el rechazo inicial a estas medidas el pasado mes de octubre.
Al encontrarse las Cortes Generales disueltas, la decisión recae sobre la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos extraordinarios o de disolución. El Ejecutivo ha optado por fragmentar su propuesta legislativa en dos decretos diferenciados con el objetivo de asegurar, al menos, la continuidad del grueso de las medidas de intervención en el mercado ante la compleja aritmética parlamentaria.
El primer decreto, que cuenta con mayores garantías de ser convalidado, contempla actuaciones estructurales sobre el mercado del alquiler. Entre sus disposiciones principales destaca la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino lo solicite y acredite estar al corriente de pago. Asimismo, establece un sistema de topes a la actualización de las rentas hasta finales de 2027, limitando los incrementos al 2% en contratos por debajo del índice de referencia y prohibiendo subidas en aquellos que ya lo superen.
Este paquete principal también incluye la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, cuando el arrendador sea una persona jurídica de carácter inmobiliario. Para propietarios particulares, la suspensión se revisará anualmente con un tope de tres años. Además, se introduce una regulación específica para el alquiler de habitaciones, prohibiendo que la suma de los subarriendos supere el precio total de la vivienda como unidad, y se restringe la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión por debajo del 70% de su valor de tasación.
El segundo decreto, cuyo futuro parlamentario es más incierto, recoge las medidas que suscitan mayor controversia entre los grupos de la oposición y el sector inmobiliario. La norma propone la renovación automática de los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos y establece una indemnización obligatoria a favor del inquilino —equivalente a doce mensualidades— en caso de que el propietario decida rescindir el contrato sin una causa legalmente justificada.
El equilibrio de fuerzas en la Diputación Permanente, integrada por 69 diputados, sitúa al Partido Nacionalista Vasco (PNV) como la formación determinante. El bloque conformado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos suma 34 escaños, los mismos que reúnen PP, Vox y Junts. El PNV, poseedor del escaño restante, ya ha manifestado su intención de respaldar el primer decreto pero rechazar el segundo, manteniendo la posición que ya exhibió en el pleno de octubre.
Durante el debate previo a la votación, los portavoces de los distintos grupos han reflejado la polarización existente. Desde Vox, José María Figaredo ha acusado al Ejecutivo de generar escasez en el mercado, mientras que desde las filas socialistas, Elisa Garrido ha defendido la urgencia de las medidas frente a las críticas de la oposición. La convalidación de estas normas es indispensable para que sigan vigentes tras su publicación en el BOE, cumpliendo así con el plazo constitucional de 30 días para su ratificación parlamentaria.
