El Tribunal de Justicia de la UE anula la sentencia que favorecía a España sobre los fondos agrícolas de Castilla y León

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la sentencia previa del Tribunal General (TGUE) que invalidaba la decisión de la Comisión Europea de retirar cerca de 10 millones de euros en fondos agrícolas a España. El litigio tiene su origen en supuestas deficiencias detectadas en los controles medioambientales realizados en Castilla y León durante los ejercicios 2016 y 2017.

La máxima instancia judicial de la Unión ha estimado el recurso de casación presentado por el Ejecutivo comunitario. El fallo sostiene que la argumentación de España, basada en la inexistencia de medidas de conservación previamente definidas en la comunidad autónoma, no es suficiente para desvirtuar las conclusiones de la Comisión sobre la falta de conformidad de los controles efectuados sobre el terreno.

El conflicto jurídico se remonta a 2022, cuando la Comisión Europea decidió excluir de la financiación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) un gasto total de 9,967 millones de euros. Bruselas detectó entonces que los controles para garantizar la protección de especies de flora silvestre en Castilla y León no cumplían con los estándares exigidos por la normativa comunitaria de condicionalidad.

En una sentencia dictada en noviembre de 2024, el Tribunal General había dado la razón a las autoridades españolas, anulando la corrección financiera de la Comisión. No obstante, el TJUE ha corregido ahora dicha interpretación, señalando que el TGUE no tuvo en cuenta que, incluso si un Estado miembro no transpone adecuadamente una directiva o no define con precisión las exigencias a los agricultores, no queda exento de su obligación de supervisar el cumplimiento de las normas de conservación.

La resolución del TJUE subraya que existe una «duda seria y razonable» sobre la eficacia de las inspecciones realizadas por las autoridades españolas. En este contexto jurídico, la carga de la prueba recae sobre el Estado miembro, que debe demostrar que las apreciaciones del Ejecutivo comunitario son inexactas, extremo que la corte de Luxemburgo considera que no se ha cumplido satisfactoriamente hasta el momento.

A pesar de este pronunciamiento, el proceso judicial no ha finalizado. El TJUE ha devuelto el asunto al Tribunal General para que este examine las alegaciones presentadas por España que no fueron analizadas en el primer juicio. De este modo, la decisión definitiva sobre el reintegro o la pérdida definitiva de estos fondos queda supeditada a un nuevo pronunciamiento del tribunal de primera instancia.