Óscar López cuestiona la oportunidad de la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado este jueves su malestar ante la reciente diligencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas. El integrante del Ejecutivo ha vinculado la actuación policial con el inicio de la campaña electoral y ha defendido, de manera paralela, la gestión del Ministerio del Interior durante la jornada de huelga general celebrada este miércoles.

Durante una intervención en el espacio ‘Malas lenguas’, el ministro ha calificado de llamativo que la fuerza policial se persone en un órgano constitucional para requerir documentación que, según sus palabras, la institución ya estaba facilitando de forma regular. López ha incidido en que el procedimiento judicial se prolonga desde hace meses y cuenta con la colaboración del Partido Socialista, por lo que ha cuestionado el encaje de esta operación en el calendario institucional.

El titular de Función Pública ha puesto el foco en la coincidencia de esta acción con el arranque de la campaña para los comicios del próximo 29 de noviembre. «Prefiero no opinar», ha reiterado el ministro al ser preguntado por su valoración sobre la entrada de la UCO en el tribunal, si bien ha subrayado que le resulta difícil ocultar su parecer ante lo que considera una anomalía en los tiempos de ejecución. En este contexto, ha recordado que las únicas formaciones políticas con sentencias por financiación irregular en España son el Partido Popular y Vox.

Asimismo, López ha abordado la controversia en torno a la actuación de la Policía Nacional durante las movilizaciones de la huelga general. El ministro ha negado de forma categórica la existencia de «directrices políticas» por parte del Ministerio del Interior para condicionar la respuesta de los agentes y se ha mostrado «absolutamente convencido» de que, en caso de haberse producido algún exceso, este será investigado y clarificado por las autoridades competentes.

En defensa del ministro Fernando Grande-Marlaska, López ha reivindicado su trayectoria y compromiso con el respeto a las libertades públicas. Ha argumentado que la intervención policial responde exclusivamente a la gestión de aglomeraciones y al control de comportamientos irregulares por parte de grupos aislados que, en su opinión, intentan desviar el propósito legítimo de las manifestaciones.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca reforzar la postura de colaboración con la justicia a la vez que demanda respeto por los tiempos electorales y la independencia de las instituciones constitucionales, rechazando cualquier sospecha de motivación política en la gestión del orden público.