El Ministerio del Interior prohíbe el uso de gas lacrimógeno a la Policía Nacional tras las cargas del 11-N

El Ministerio del Interior ha ordenado de manera formal a la Dirección General de la Policía Nacional la modificación de sus protocolos internos para prohibir el uso de gas lacrimógeno en intervenciones de orden público. La medida, confirmada este viernes por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, responde a la controversia generada por las cargas policiales registradas durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre.

A partir de la entrada en vigor de esta instrucción, las unidades antidisturbios de la Policía Nacional solo podrán emplear los denominados artificios ATL. Estos dispositivos generan una nube de humo lacrimógeno que el Ministerio califica como «inocuo y no lesivo», diferenciándolos de los botes de gas utilizados anteriormente. No obstante, el cuerpo mantendrá en su catálogo de medios materiales otros elementos de dispersión, como las pelotas de goma y las escopetas de cartuchos de fogueo.

En paralelo a esta reforma operativa, la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha iniciado una información reservada para auditar de manera exhaustiva las actuaciones llevadas a cabo durante la huelga del 11-N. Esta investigación interna busca determinar si el empleo de la fuerza contra los piquetes y manifestantes, que reclamaban mejoras salariales y acceso a la vivienda, se ajustó a los criterios de legalidad y necesidad.

La decisión ministerial ha provocado una reacción crítica inmediata por parte de las organizaciones sindicales policiales. Sindicatos como SUP, Jupol, UFP y CEP han manifestado su malestar, alegando que la prohibición del gas lacrimógeno sitúa a los agentes en una situación de indefensión y pone bajo sospecha su profesionalidad. Desde el sindicato mayoritario de mandos se ha señalado que esta medida «deja a los agentes vendidos» frente a escenarios de violencia callejera.

Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha descartado presentar su dimisión pese a las críticas recibidas tanto por los sindicatos como por diversos sectores políticos. El titular de Interior ha defendido que las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben regirse estrictamente por los principios de proporcionalidad. «Hubo actuaciones que no se concilian bien con la proporcionalidad», reconoció el ministro, aunque subrayó el carácter «ejemplar» de la Policía española a nivel internacional.

El Ministerio ha reiterado que su objetivo es encontrar un equilibrio institucional entre la garantía del orden público y el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Según fuentes de Interior, el uso de cualquier medio coercitivo debe ser «absolutamente necesario» y evitar, en la medida de lo posible, efectos lesivos para los ciudadanos que participan en movilizaciones sociales.