La autoridad de protección de datos de Irlanda multa a Tinder con 11 millones de euros por infringir el RGPD
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), organismo regulador de referencia en la Unión Europea para el sector tecnológico, ha impuesto una sanción de 11 millones de euros a MTCH Technology Services Limited, empresa propietaria de Tinder. La multa responde a irregularidades detectadas en el ejercicio del derecho de los usuarios a acceder a sus propios datos personales, contraviniendo las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La resolución es el resultado de una investigación iniciada en el año 2020, la cual se centró en el funcionamiento de la herramienta de autoservicio denominada «Download My Data» (Descarga mis datos). A través de este sistema, los usuarios de la plataforma podían solicitar y descargar la información personal vinculada a sus perfiles y actividad en la aplicación de citas.
Tras el análisis técnico y legal, la DPC concluyó que dicha herramienta no facilitaba una copia completa de los registros personales. El organismo regulador determinó que determinadas categorías de información eran excluidas del proceso de descarga sin que los usuarios fueran debidamente informados al respecto. Asimismo, se constató que otros datos se proporcionaban de manera resumida, lo que impedía el pleno cumplimiento de los requisitos de transparencia y acceso exigidos por la normativa comunitaria.
Además de la penalización económica de 11 millones de euros, la Comisión ha dictado una orden para que Tinder adapte sus operaciones de tratamiento de datos en un periodo máximo de tres meses. Esta medida tiene como objetivo garantizar que la compañía cumpla estrictamente con los estándares legales en la gestión de las solicitudes de acceso a la información que realicen sus clientes en el futuro.
Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC, señaló mediante un comunicado oficial que decenas de miles de usuarios emplearon la herramienta bajo escrutinio durante el periodo analizado. Si bien reconoció que los sistemas automatizados pueden optimizar la gestión de derechos, recordó que las organizaciones tienen la obligación de informar de forma «transparente y justa» sobre el alcance real de los datos facilitados a los interesados.
Este procedimiento administrativo subraya la vigilancia continua de los reguladores europeos sobre las grandes plataformas tecnológicas, especialmente en lo que respecta a la autonomía de los ciudadanos sobre su información personal y la claridad en los mecanismos de descarga de datos masivos.
