El Ministerio del Interior ha dictado una orden directa para prohibir el uso de esprays de gas lacrimógeno en las intervenciones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), tras la actuación de los agentes durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre. La medida, impulsada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha generado un profundo malestar en la cúpula de la Policía Nacional, al producirse apenas tres semanas después de que la propia Dirección General validara un protocolo que ampliaba el uso de estos medios de defensa.
La decisión ministerial responde a las críticas internas dentro de la coalición de Gobierno y a las exigencias de socios parlamentarios como Podemos, Frente Amplio y ERC, quienes calificaron de desproporcionada la actuación policial contra los piquetes informativos del 11-N. Además de la prohibición del material, el Ministerio ha ordenado la apertura de una investigación interna para depurar posibles responsabilidades, un movimiento que los mandos de Seguridad Ciudadana interpretan como una desautorización pública de su labor operativa.
Desde los sectores de mando de la Policía Nacional se defiende que la actuación en la huelga fue legítima y ajustada a los principios de congruencia y proporcionalidad. Fuentes del Cuerpo señalan la contradicción que supone prohibir ahora un material que fue ratificado el pasado 19 de octubre en un nuevo protocolo de seguridad. Asimismo, critican el cambio de criterio respecto a las protestas frente a la sede socialista de la calle Ferraz en 2023, donde el uso de estos mismos dispositivos contó con el respaldo del Ejecutivo ante situaciones de desorden público.
La tensión entre el Ministerio y la escala de mando policial se hizo patente el pasado viernes durante la celebración del 50.º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. El acto, presidido por el Rey Felipe VI, estuvo marcado por la distancia entre Grande-Marlaska y el director general de la Policía, Francisco Pardo, así como por la ausencia de la mitad de los altos mandos de la Junta de la Policía. Según testigos presenciales, el clima fue de estricta frialdad institucional, reflejando el deterioro de las relaciones tras las recientes decisiones operativas.
Expertos en seguridad ciudadana advierten que la retirada de los agentes químicos de dispersión, como los modelos MK3 y MK9, obligará a los efectivos de la UIP a emplear métodos de contacto físico directo, como las defensas extensibles. Según exponen diversos mandos, esta modificación del catálogo de medios disponibles podría incrementar el riesgo de lesiones tanto para los agentes como para los manifestantes en escenarios de alta conflictividad, al reducirse las opciones de control de masas a distancia.
El protocolo ahora suspendido de facto justificaba la distribución de estos esprays debido al incremento de la violencia en las calles y la necesidad de proteger el principio de autoridad. El documento técnico consolidaba el uso de dispositivos de dotación individual y colectiva, diseñados específicamente para intervenciones de orden público. A pesar de la restricción sobre los pulverizadores, el Ministerio del Interior mantiene, por el momento, la autorización para el uso de botes de humo y pelotas de goma bajo los parámetros reglamentarios vigentes.
