Justicia de Jordania condena a muerte a los responsables del atentado contra una iglesia ortodoxa
El Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania ha dictado este domingo la sentencia de pena de muerte para los tres autores del atentado perpetrado el pasado 23 de octubre contra una iglesia ortodoxa griega en la provincia de Karak. El ataque, dirigido contra el templo de San Jorge en la localidad de Hamud, causó la muerte de nueve personas y dejó un saldo de 40 heridos, según los datos proporcionados por la agencia oficial de noticias Petra.
La resolución judicial establece que los acusados son culpables de seis delitos, entre los que destaca la comisión de actos terroristas con resultado de muerte en nueve cargos distintos. La Fiscalía fundamentó la acusación en la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y el Código Penal de 1960, imputando además cargos por posesión de armas y municiones con fines terroristas, conspiración y la promoción de ideologías extremistas. Uno de los condenados fue sentenciado adicionalmente por la provisión de fondos destinados a financiar actividades terroristas.
De acuerdo con el procedimiento legal vigente, el fallo emitido por el tribunal especial está sujeto a recurso ante el Tribunal de Casación. La normativa jordana estipula que, debido a la naturaleza de la pena impuesta, la sentencia se considera recurrida por ministerio de la ley, garantizando una revisión obligatoria en la instancia superior antes de su ejecución.
El atentado ha tenido un fuerte impacto en la sociedad jordana, un país que se presenta habitualmente como un modelo de coexistencia entre comunidades religiosas en la región. Aunque el grupo yihadista Estado Islámico (EI) no ha reivindicado oficialmente la autoría del ataque, las autoridades de Amán atribuyeron la responsabilidad a esta organización desde las fases iniciales de la investigación.
Como respuesta inmediata a la agresión, las fuerzas jordanas realizaron bombardeos sobre posiciones vinculadas a grupos extremistas en el sur de Siria, donde aseguraron haber neutralizado a más de una veintena de miembros de la organización terrorista. No obstante, esta intervención militar provocó una fricción diplomática con el Gobierno de Damasco, que denunció la falta de coordinación y calificó las operaciones como una violación a su soberanía nacional.
Finalmente, el Gobierno de Jordania ha iniciado un proceso de reforma legislativa para endurecer el marco punitivo contra el terrorismo. Los cambios normativos proyectados contemplan elevar las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión y asegurar la aplicación de la pena capital en casos de extrema gravedad, buscando fortalecer los mecanismos de seguridad nacional tras el suceso en la provincia de Karak.
