Investigan a la oficina de Netanyahu por presunta fabricación de pruebas contra activistas árabes
Una investigación periodística del Canal 12 de la televisión israelí ha revelado que la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, presuntamente colaboró en la preparación de un caso fabricado para propiciar la detención de tres activistas del partido árabe-israelí Raam. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, coincidiendo con la jornada de las elecciones legislativas, con el supuesto objetivo de señalar a la comunidad árabe por fraude electoral.
Según el informe, que cita a un alto cargo de las fuerzas de seguridad, Ido Norden, responsable en la oficina del mandatario, dirigió a la Policía hacia una fuente de inteligencia —un antiguo trabajador de la misma oficina— para desencadenar registros y arrestos. Estas acciones se basaron en acusaciones que, según el desarrollo de las investigaciones posteriores, demostraron carecer de fundamento.
Durante la jornada electoral, el propio Netanyahu dio visibilidad a estas informaciones, reforzando la narrativa de irregularidades en las urnas. En el marco de este operativo, al menos 14 agentes policiales irrumpieron en los domicilios de activistas de Raam en el sur de Israel sin presentar orden judicial alguna. Uno de los afectados fue el médico Sayaf Abu Riash, residente en Rahat, quien fue puesto en libertad seis días después, tras haber perdido la posibilidad de emitir su voto.
La investigación también arroja luz sobre otros intentos de vigilancia política. El jefe de los servicios secretos, David Zini, habría solicitado la intervención de las comunicaciones de cinco diputados árabe-israelíes bajo la sospecha de injerencia extranjera en los comicios. Sin embargo, la Fiscalía General impidió la ejecución de estas escuchas al no encontrar indicios suficientes que justificaran la medida.
En la actualidad, los investigadores analizan si la entrega de información de inteligencia fue coordinada de manera deliberada para influir en el desarrollo de las elecciones mediante detenciones preventivas sin base legal. El proceso busca determinar el grado de responsabilidad de los altos cargos involucrados en la gestión de estos datos.
Ante estas revelaciones, la oficina del primer ministro ha emitido un comunicado oficial en el que defiende la actuación de Ido Norden. Según la nota, el jefe de gabinete tuvo acceso a información de naturaleza criminal y, «cumpliendo con su deber como ciudadano», puso a dicha fuente en contacto con la Policía. Asimismo, el Ejecutivo ha advertido sobre la posible naturaleza «calumniosa» de las acusaciones vertidas por el medio de comunicación.
