Una agente de la Policía Nacional adscrita a la Comisaría Provincial de Jaén ha formalizado la ampliación de una denuncia por un presunto patrón sistemático de hostigamiento, discriminación y revelación de secretos. El escrito, presentado el pasado mes de agosto, señala a diversos mandos y compañeros por conductas que la denunciante califica como acoso laboral y transfobia institucional, tras haber manifestado formalmente su identidad de género al amparo de la normativa vigente.
La ampliación de la denuncia detalla una serie de episodios ocurridos entre mayo de 2024 y el presente año, intensificándose presuntamente tras la reincorporación de la agente de una baja por ansiedad en mayo de 2026. Según el documento, la funcionaria habría sido sometida a un aislamiento profesional inmediato, que incluyó la denegación de acceso a recursos básicos como su taquilla y la exclusión de cualquier tarea operativa, situación que describe como un «vacío laboral absoluto» ejecutado por sus superiores jerárquicos.
El relato de los hechos incluye acusaciones de especial gravedad, como una presunta instrumentalización de los servicios médicos de la comisaría para justificar la retirada coactiva de su arma reglamentaria. Asimismo, la denunciante describe un presunto delito de allanamiento de morada cometido por funcionarios públicos, quienes supuestamente accedieron al umbral de su domicilio particular sin consentimiento para forzar la entrega de su arma personal, ignorando las advertencias sobre la presencia de familiares en el interior de la vivienda.
En el ámbito de la discriminación por identidad de género, el escrito recoge el uso de expresiones degradantes y comentarios tránsfobos por parte de algunos integrantes de la plantilla. Se detallan episodios de mofa y el uso de frases vejatorias dirigidas a la agente en espacios públicos y profesionales. Además, se denuncia un presunto seguimiento y vigilancia en las inmediaciones de su residencia privada por parte de un subinspector, lo que la denunciante interpreta como una estrategia de amedrentamiento continuado.
La defensa de la agente ha solicitado al juzgado la adopción de medidas cautelares urgentes para garantizar su integridad y protección. Entre estas peticiones destaca la separación del entorno laboral hostil mediante un cambio de destino y la citación formal de los funcionarios identificados en la denuncia. El proceso legal busca determinar la existencia de delitos de revelación de secretos, coacciones, coacciones físicas y restricción ilícita de la libertad ambulatoria.
Este procedimiento se suma a la denuncia interna y la querella presentadas previamente contra la excomisaria jefa provincial, Layla Dris Hach-Mohamed. La anterior responsable policial en Jaén, señalada por la denunciante como la iniciadora del trato hostil mediante órdenes de carácter servil, ocupa desde el pasado mes de agosto el cargo de consejera de Interior en la Embajada de España en Cuba, tras su salida de la jefatura provincial.


