Anticorrupción investiga la adjudicación de contratos de Defensa por más de 6.000 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y la concesión de fondos públicos destinados a programas del Ministerio de Defensa por un valor superior a los 6.000 millones de euros. Las pesquisas se centran en las operaciones vinculadas a las empresas Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), las cuales habrían concentrado el núcleo del plan industrial y tecnológico para la modernización de las capacidades militares del Estado.
Las diligencias del Ministerio Público se iniciaron el pasado mes de enero tras la recepción de una denuncia presentada en diciembre de 2025. El escrito alerta sobre una posible concentración de contratos públicos en estas dos compañías y apunta a la presunta comisión de delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La investigación analiza, entre otros aspectos, el crecimiento financiero de Escribano, cuya facturación ascendió de 44,2 millones de euros en 2019 a 355 millones en 2024, superando los 700 millones de euros en contratación pública en el periodo 2020-2025.
Entre las operaciones señaladas por la Fiscalía figuran programas de modernización de gran escala. Destaca el contrato de los vehículos de combate 8×8, adjudicado en agosto de 2020 por 2.100 millones de euros al consorcio TESS Defence, integrado por Indra y EM&E junto a otros socios. Asimismo, se examina el programa del sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones de euros y posteriormente anulado en septiembre de 2025. La denuncia subraya que gran parte de estas adjudicaciones se tramitaron mediante procedimientos negociados sin publicidad, amparándose en excepciones de seguridad nacional para limitar la concurrencia competitiva.
La investigación también extiende su foco al sistema de financiación de estos proyectos. En octubre de 2025, el Ministerio de Industria aprobó préstamos por valor de 6.890 millones de euros destinados a 18 programas de las Fuerzas Armadas. Según los cálculos que constan en la denuncia, aproximadamente el 94,5% de estos fondos habrían recaído en Indra, Escribano o sus alianzas empresariales. Dichas ayudas financieras habrían sido concedidas con un interés del 0% y, según el escrito, sin la exigencia generalizada de avales o garantías patrimoniales.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con informes de la Intervención General del Estado (IGAE) para evaluar la legalidad de los procedimientos administrativos seguidos. Aunque las pesquisas fueron remitidas brevemente al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, el magistrado descartó su acumulación en una causa relativa a material sanitario, por lo que el expediente ha regresado a la Fiscalía para la continuación de las diligencias de investigación.


