El juzgado del caso Begoña Gómez ordena a Google preservar los datos del software de la Complutense
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dictado una providencia por la cual insta a la multinacional tecnológica Google a que garantice la conservación de todos los contenidos y proyectos alojados en su plataforma en la nube, Google Cloud, vinculados al desarrollo del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta medida se produce en el marco de la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
La resolución, firmada por el magistrado Carlos Valle —quien sustituye temporalmente al juez Juan Carlos Peinado tras su jubilación—, justifica la orden por motivos de «urgencia» y «prudencia». El objetivo es evitar la posible pérdida de pruebas digitales ante la falta de respuesta de la empresa Devoteam Drago sobre la desconexión de las consolas de mando donde se gestionaban los proyectos tecnológicos relacionados con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
Según consta en las diligencias judiciales, la empresa Devoteam participó en diversas fases del desarrollo de la plataforma tecnológica objeto de la investigación. El juzgado considera necesario asegurar el acceso a estos datos tras constatar que existían reuniones de seguimiento técnico en las que participaba Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa, lo que para la instrucción constituye un indicio de su implicación operativa en el proyecto liderado por Gómez.
La investigación principal se centra en determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos para fines privados. El auto de apertura de juicio oral señala indicios de un posible desvío del software desarrollado en el seno de la universidad hacia intereses particulares, así como el uso de la fuerza de trabajo de una empleada pública para la gestión de proyectos vinculados a la cátedra dirigida por la esposa del jefe del Ejecutivo.
En el plano procesal, el procedimiento se dirige tanto contra Begoña Gómez como contra Cristina Álvarez. La acusación popular, ejercida en este punto por la organización Hazte Oír, ha solicitado penas que alcanzan los 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Por su parte, tanto la Fiscalía como las representaciones procesales de las investigadas mantienen la petición de libre absolución al considerar que no existen ilícitos penales en las actuaciones analizadas.
Con esta nueva diligencia, el juzgado busca blindar la integridad de los activos digitales antes de que se fije la fecha definitiva para la celebración de la vista oral, asegurando que la información técnica disponible en los servidores de Google permanezca a disposición de la autoridad judicial para su eventual análisis pericial.


