Interior desaconseja el uso de esprays de defensa en el control de masas tras las cargas del 11-N
El Ministerio del Interior ha actualizado el protocolo de actuación de la Policía Nacional para establecer que el uso de esprays de defensa personal no sea recomendado, con carácter general, en contextos de control de masas. Esta decisión, adoptada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, supone un desistimiento de la prohibición total que se sopesó tras las cargas policiales ocurridas durante la huelga general del pasado 11 de noviembre, optando finalmente por una fórmula de recomendación negativa.
El nuevo documento normativo, firmado el lunes 16 de noviembre, especifica que el empleo de estos dispositivos debe evitarse en actuaciones de orden público, salvo en «circunstancias excepcionales debidamente justificadas» o ante un «peligro inminente» donde no existan otros medios para evitar daños mayores. Asimismo, la instrucción prohíbe taxativamente su uso ante situaciones de resistencia pasiva, contra personas ya controladas o engrilletadas, y frente a colectivos vulnerables como menores, ancianos o mujeres embarazadas.
La ambigüedad del texto ha generado una reacción crítica por parte de las organizaciones sindicales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que la redacción del protocolo traslada la responsabilidad jurídica y operativa directamente al agente actuante. Según la organización, la falta de una definición precisa sobre qué constituye una excepción obliga a los policías a interpretar la norma en décimas de segundo durante situaciones de tensión, bajo el riesgo de enfrentar posteriores sanciones disciplinarias o penales.
Desde el ámbito sindical se sostiene que el Ministerio «se lava las manos» al no concretar los supuestos de uso, lo que genera una inseguridad jurídica creciente. Fuentes de la Policía Nacional señalan que el espray sigue siendo un medio de dotación reglamentario para agresiones o resistencia activa que pongan en riesgo la integridad física, pero la nueva recomendación de no usarlo en control de masas entra en conflicto con las dinámicas habituales de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
El malestar se ha extendido también a la cúpula de Seguridad Ciudadana y a los mandos de las unidades antidisturbios. Estos sectores critican lo que consideran un «uso político» de la normativa técnica, recordando que la Dirección General de la Policía había validado una actualización de este mismo protocolo hace apenas tres semanas. El cambio de criterio tras los incidentes del 11-N es visto internamente como una respuesta de oportunidad política más que técnica.
En este sentido, diversas fuentes policiales han comparado la actual restricción con la gestión de los disturbios ocurridos en noviembre de 2024 en la calle Ferraz. Los mandos señalan que, en aquel escenario, el Gobierno respaldó el uso de medios lacrimógenos y esprays de defensa contra los manifestantes, alegando la proporcionalidad de las actuaciones, lo que a su juicio evidencia una contradicción con las nuevas directrices emitidas tras la última huelga general.
A pesar de las restricciones introducidas para el contacto físico y el control de multitudes, el Ministerio del Interior mantiene que los artificios fumígenos y lacrimógenos seguirán formando parte de los medios antidisturbios disponibles para garantizar la seguridad en altercados. El departamento defiende que estos elementos, utilizados correctamente para establecer perímetros de seguridad, resultan inocuos y no lesivos en comparación con otras tácticas de intervención.


