El PP abre un expediente informativo al alcalde de Estepona ante la apertura de juicio oral
El Partido Popular ha iniciado un expediente informativo a José María García Urbano, alcalde de Estepona, tras conocerse la apertura de juicio oral en su contra. El regidor malagueño se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y once meses de prisión por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, confirmó la medida administrativa interna durante una comparecencia ante los medios de comunicación. Según explicó el dirigente popular, el procedimiento disciplinario seguirá el curso marcado por el Comité de Derechos y Garantías de la formación, ajustándose a los avances que se produzcan en la instancia judicial.
«En función de la evolución del procedimiento judicial se procederá al estudio y avance de este expediente», señaló Repullo, subrayando que, por el momento, la formación no dispone de nuevas actualizaciones sobre la situación del alcalde. Esta decisión orgánica responde a los estatutos de la formación ante la gravedad de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
La investigación judicial se centra en la contratación, presuntamente irregular, de una mujer con la que el primer edil habría mantenido una relación sentimental. El juzgado correspondiente ha dictado el auto de apertura de juicio oral por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con malversación, figuras legales que implican el uso indebido de fondos y atribuciones públicas.
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita para García Urbano la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de cinco años y once meses. Esta medida, de ejecutarse, supondría el cese inmediato de sus funciones al frente de la corporación municipal de Estepona y la imposibilidad de concurrir a procesos electorales durante dicho tiempo.
El caso se suma a la agenda judicial de cargos públicos municipales y pone a prueba los mecanismos de control interno del Partido Popular en la región. El desarrollo del juicio oral determinará el futuro político de uno de los alcaldes con mayor trayectoria en la Costa del Sol, mientras que el expediente informativo del partido permanecerá a la espera de una resolución judicial en firme o de nuevos hechos probados.


