La patronal de limpieza advierte que el alza del SMI compromete la viabilidad del sector
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha manifestado su preocupación ante el incremento del 5,3 % en el salario mínimo interprofesional (SMI) aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La organización empresarial considera que la fijación de la cuantía en 1.286 euros mensuales en 14 pagas impactará de manera «desproporcionada» en una actividad intensiva en personal, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de unas 40.000 compañías del sector.
Según los cálculos presentados por la patronal, el sobrecoste derivado de esta actualización salarial rondará los 300 millones de euros anuales. Esta cifra es superior a los beneficios conjuntos que genera el sector en un ejercicio, estimados en aproximadamente 280 millones de euros. Juan Ignacio Beltrán, presidente de Aspel y de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal de la CEOE, ha calificado el impacto de «pésimo» y ha advertido que la medida podría abocar a la desaparición de pequeñas y medianas empresas en el corto y medio plazo.
Desde la asociación han criticado tanto la cuantía como el procedimiento seguido para la aprobación del decreto. Beltrán ha señalado que la subida se ha tramitado «con muchas prisas», rompiendo la práctica habitual de fijar el SMI a finales de diciembre. Asimismo, la patronal lamenta la falta de interlocución con los sectores afectados, advirtiendo que una subida no consensuada con quienes deben asumirla compromete directamente el mantenimiento del empleo en actividades con márgenes de beneficio muy ajustados.
Aspel ha subrayado el carácter «esencial» de su actividad para el funcionamiento de infraestructuras críticas del Estado, tales como centros hospitalarios, aeropuertos y centros educativos. La organización alerta de que este incremento salarial no solo afectará a la limpieza, sino que tendrá un «impacto tremendo» en otros servicios de proximidad y atención a la dependencia, como la ayuda a domicilio, que también dependen de una alta densidad de mano de obra.
A la presión de los costes laborales se suma, según la entidad, la problemática de la contratación pública. La patronal denuncia que, desde 2017, las prórrogas de los contratos se deciden unilateralmente por la Administración, lo que impide a las empresas repercutir los incrementos de costes en los servicios ya adjudicados. Bajo este escenario, las previsiones de Aspel apuntan a una caída de la actividad hacia el año 2027 y un debilitamiento del tejido empresarial del sector ante la imposibilidad de absorber las nuevas cargas financieras.


