Yolanda Díaz respalda la posibilidad de conceder un indulto al fiscal general del Estado
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su apoyo a la concesión de un eventual indulto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su participación en las jornadas ‘Metafuturo’, organizadas por el grupo Atresmedia, la líder de Sumar se alineó con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien previamente había dejado abierta la puerta a esta medida de gracia.
Díaz calificó a García Ortiz como uno de los profesionales «más brillantes» del ámbito jurídico en España y expresó su firme disposición a favor de la medida. «Soy muy partidaria de que se le indulte», afirmó la ministra, vinculando su posición a la trayectoria técnica del actual titular del Ministerio Público, actualmente bajo el foco judicial por un presunto delito de revelación de secretos.
La vicepresidenta aprovechó su intervención para trasladar su solidaridad personal al fiscal general y a su familia, aludiendo al impacto personal del proceso derivado de la investigación sobre el empresario Alberto González Amador. Díaz subrayó el desgaste que, a su juicio, ha supuesto este procedimiento para el entorno del magistrado desde que se iniciaron las diligencias por la difusión de información reservada.
El respaldo de la ministra de Trabajo refuerza la cohesión del Ejecutivo de coalición en torno a la figura de García Ortiz. Esta postura institucional surge en un contexto de creciente tensión parlamentaria, donde la oposición ha cuestionado la idoneidad del fiscal general para mantenerse en el cargo tras su imputación por el Tribunal Supremo, un hecho inédito en la democracia española.
Con estas declaraciones, el Gobierno consolida una línea de defensa cerrada sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en el caso que afecta al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El debate sobre el indulto anticipa una nueva fase en el debate político sobre la separación de poderes y el uso de las medidas de gracia en causas que afectan a la cúpula institucional del Estado.


