jueves, noviembre 19, 2026
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Líder de Los Rochos pide protección ante cloacas del PSOE

Cintia Rocho Leal, señalada como la actual responsable del clan de «Los Rochos» de Badajoz, ha solicitado formalmente al Tribunal Central de Instancia un dispositivo extraordinario de protección policial ante el temor de sufrir un atentado contra su vida. La petición se produce días antes de su comparecencia como testigo, prevista para el próximo 24 de noviembre, en la causa que investiga presuntas maniobras de personas vinculadas al entorno del PSOE para apartar a la jueza Beatriz Biedma del procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En el escrito presentado este jueves, Rocho solicita que se valore urgentemente el riesgo que corre y que se adopten medidas al amparo de la Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos en causas criminales. La solicitud incluye la petición de acudir escoltada por agentes, permanecer en una dependencia reservada dentro de la sede judicial y contar con protección activa durante los traslados posteriores a su declaración.

La testigo fundamenta su reclamación en un historial de violencia familiar, recordando que tanto su padre, Jesús Rocho Sosa, como su marido, conocido como «El Tutu», fueron asesinados en el último año tras haber recibido amenazas de muerte. Asimismo, menciona un reciente homicidio ocurrido este miércoles en Badajoz como un factor que ha incrementado su inseguridad, aunque ha precisado que no atribuye dicho crimen a los investigados en la causa ni sostiene una relación acreditada entre ambos hechos.

La relevancia de Cintia Rocho en esta investigación judicial procede de su presunta relación con una trama que encabezarían la exmilitante socialista Leire Díez y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rocho —identificada en una agenda bajo el apodo de «La Celsa»— habría sido contactada para colaborar en una campaña de presión contra la jueza Biedma. La testigo sostiene que rechazó participar en tales actuaciones, que supuestamente incluían el manejo de datos personales y fotografías de la magistrada.

Además del dispositivo de seguridad, Rocho ha solicitado autorización para comparecer acompañada de un abogado. Argumenta que esta asistencia letrada es necesaria para preservar sus derechos, dado que uno de los investigados en el procedimiento ha anunciado públicamente el inicio de acciones judiciales contra ella. El documento aclara que la presencia del abogado no pretende alterar su condición procesal de testigo ni intervenir en el interrogatorio.

El Tribunal Central de Instancia, mediante una diligencia de ordenación fechada el 19 de noviembre, ha acordado incorporar el escrito a las actuaciones y dar traslado al Ministerio Fiscal para que emita el informe correspondiente. Por el momento, la autoridad judicial no ha dictado una resolución definitiva sobre la concesión de las medidas de protección reclamadas por la compareciente.

El caso mantiene el foco sobre las presuntas maniobras para desacreditar e intimidar a la magistrada Beatriz Biedma, quien en su momento denunció ante la Audiencia Nacional las actuaciones dirigidas contra su persona y solicitó personarse en la causa como perjudicada.

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