viernes, noviembre 20, 2026
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Calvo frena la inhabilitación de Fernández de la Vega

El Consejo de Estado paraliza el proceso de incapacitación de María Teresa Fernández de la Vega

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha suspendido la culminación del expediente de inhabilitación por motivos de salud iniciado contra la consejera permanente y exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Según informan fuentes internas del órgano consultivo, la decisión de frenar este procedimiento administrativo se produce en un contexto de sensibilidad política, evitando que la resolución definitiva interfiera con el calendario electoral y la imagen institucional de su formación de origen.

El proceso de incapacitación, que se sustenta en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/1980, fue activado el pasado mes de septiembre tras un periodo de baja médica de la consejera superior a un año. Para la instrucción del expediente se designaron dos consejeros permanentes y un letrado, con el objetivo de elaborar un informe técnico que debía ser validado por el Pleno del Consejo de Estado. Sin embargo, tras la trascendencia pública del caso, la tramitación ha quedado excluida de los últimos órdenes del día del órgano.

Fuentes próximas a la institución señalan que la decisión de no elevar el expediente al Pleno responde a consideraciones de oportunidad. Se apunta a que la incapacitación de una figura de la relevancia de Fernández de la Vega, en lugar de una renuncia voluntaria, podría haber generado un perjuicio reputacional para el entorno gubernamental en vísperas de los próximos comicios. En este sentido, la paralización administrativa deja en suspenso la vacante en la sección Séptima que el Ejecutivo pretendía cubrir mediante un nuevo nombramiento en el Consejo de Ministros.

De forma paralela a esta situación, el consejero permanente José Luis Manzanares, de 96 años y sobre quien también existían previsiones de posible relevo por motivos de edad y salud, reapareció en la última sesión plenaria. Su regreso a la actividad ordinaria del Consejo se produce meses después de su última ausencia y tras las informaciones que apuntaban a una intención de la presidencia por renovar los puestos vitalicios del organismo.

La naturaleza de los cargos de consejero permanente conlleva una alta relevancia institucional y económica. A diferencia de los consejeros electos, cuyo mandato es temporal, los permanentes perciben una retribución anual de 134.446,24 euros y su nombramiento no está sujeto a límite de tiempo. Esta estabilidad ha alimentado el debate interno sobre la gestión de las vacantes y los posibles candidatos a ocuparlas ante un eventual cambio de ciclo político.

Finalmente, el bloqueo de estos expedientes administrativos también impacta en el horizonte de otros altos cargos del Estado cuya etapa en sus actuales instituciones está próxima a concluir. La resolución de estas plazas vacantes resulta estratégica para asegurar la continuidad institucional y la composición del máximo órgano consultivo del Reino de España antes de la finalización de la actual legislatura.

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